Los populares presentaron este martes a la Mesa del Senado una iniciativa con esta petición de desistimiento, que fue aprobada por este órgano de gobierno.

Esto supone que el Pleno de la Cámara Alta debatirá este jueves, al mediodía, la suspensión del conflicto de competencias, con lo que no se recurrirá al Tribunal Constitucional, que es el paso último que se contempla para estos casos.

La iniciativa del PP señala que el acuerdo de la Mesa del Congreso del 16 de abril, por el que contestaba al requerimiento del Senado sobre el conflicto de atribuciones, es "nulo conforme a las reglas más elementales de validez de los actos". Se entiende que la competencia para responder es del Pleno de la Cámara Baja.

Asimismo, indican que con este acuerdo se está "entorpeciendo el ejercicio por parte del Senado de su derecho a plantear el conflicto", pues consideran que se "frustra por completo la finalidad del requerimiento si este es contestado por el órgano que no es competente".

Los populares afirman que el órgano de gobierno de la Cámara Baja, al carecer de competencia para dar tal respuesta, ha suplantado al Pleno en el conflicto y le ha hurtado la posibilidad de pronunciarse sobre esta materia, lesionando con ello los derechos fundamentales de representación política de todos los diputados y de los ciudadanos a quienes representan.

RESPETO INSTITUCIONAL

Por ello, el PP declara en su iniciativa la necesidad de que el Congreso muestre el "debido respeto institucional al Senado", como sede de la representación de la soberanía nacional en "idénticos términos" que la Cámara Baja.

Además, propone suspender y dejar sin efecto el acuerdo del Pleno del Senado del 10 de abril relativo al planteamiento del conflicto de atribuciones, dado que la Mesa del Congreso "no ha cumplido" con su obligación de someter al Pleno el requerimiento previo que esta cámara le trasladó.

Según los populares, con ello la Mesa del Congreso ha "frustrado completamente" el único requisito de procedibilidad que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla, previo a la judicialización del conflicto, y ha "impedido un debate y votación" en esa Cámara sobre la competencia de las Cortes para conceder amnistías mediante ley.