Esas modificaciones fueron aprobadas con 121 votos a favor, del PSOE y CiU; 111 abstenciones, mayoritariamente del Partido Popular; y dos votos en contra, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

La principal modificación supone que la impoibilidad de contratar con la Administración no se aplique hasta que haya una sentencia condenatoria firme, mientras que en la redacción actual el sólo procesamiento de un directivo conlleva tal prohibición.

Otro de los cambios, que se ha incluido aprovechando varias enmiendas añadidas en la Ley sobre Medidas Urgentes sobre la Sequía, es que la prohibición para contratar se eliminará cuando el directivo encausado abandone la empresa, aspecto que estaba aplicando ya el MOPTMA (Ministerio de Obras Públics, Transportes y Medio Ambiente) al interpretar en este sentido la ley.

Por otra parte, también se ha incluido una modificación para que se pueda llevar a cabo una expropiación de terreno mientras se realiza la licitación de una obra, aspecto clave para acelerar el proceso de construcción de carreteras y autovías.