El informe reclama que se regule la normativa administrativa sobre traslado de condenados para lograr la agilización de los trámites actuales y recomienda el incremento de las dotaciones presupuestarias para hacerlo y también para el apoyo de los presos en el extranjero.

Para materializarlo, los senadores proponen la reforma de la ley y reglamento penitenciarios, mantener y potenciar la política de suscripción de convenios para el traslado a nuestro paí de condenados en el extranjero o incrementar los efectivos de Interpol destinados al traslado de presos desde terceros países a España.

Según los datos de la ponencia, en la actualidad hay más de 1.400 presos españoles en cárceles en el extranjero, el 90 por ciento de ellos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Ante esta perspectiva, el informe de la ponencia del Senado recomienda entregar en las agencias de viajes, al adquirir los billetes o facturar el equipaje, un folleto informaivo de las penas por tráfico de drogas en los países de destino, especialmente en los de legislaciones más severas.

En el caso de países en los que no existe defensa de oficio, la ponencia recomienda al Gobierno que mantenga las ayudas para asistencia jurídica para los gastos de su defensa, siempre y cuando el ciudadano español carezca de medios, teniendo prioridad los casos en los que se solicite pena de muerte.

AYUDAS DESDE LOS CONSULADOS

Los senadores recomiendan también incrementar la partia presupuestaria destinada a ayudas periódicas o extraordinarias individuales para detenidos y presos españoles en el extranjero, dado el elevado número de éstos, así como hacer todas las gestiones necesarias para tratar de agrupar a los españoles en las prisiones más próximas a los consulados.

La provisión de libros para los presos en el extranjero a través del Insituto Cervantes y colaborar con ONG para que haya personal cooperante especializado en trabajo social en los consulados, son otras de las ropuestas de carácter paliativo y asistencial.

Asimismo, la ponencia propone que el Gobierno prevea en un real decreto de protección consular de los españoles en el extranjero la necesidad de efectuar un mayor seguimiento a los detenidos y presos.

También recomienda al Gobierno y a las Cortes Generales que persistan en su actuación ante los distintos foros internacionales, especialmente ante la ONU, para lograr la abolición mundial de la pena de muerte o, en su defecto, una moratoria universal enla aplicación de la pena capital.

A pesar de la disolución de la ponencia, el Senado ha acordado que, a través de la Comisión Constitucional, continuará realizando un seguimiento especial de aquellos presos españoles que siguen condenados a la pena capital y que, según fuentes de la ponencia, son tres, dos en Estados Unidos y uno en Yemen.