La iniciativa, que fue promovida por el senador de Izquierda Unida (IU) Rafael García Conreras, pretendía que los fondos recaudados a través de este impuesto fueran destinados a "programas concretos de uso racional de la energía, políticas complementarias (transporte público, auditorías e inspecciones energéticas) y a paliar los problemas que genera el consumo de energías convencionales".

La moción especificaba, asimismo, que la cuantía de la TAE variaría de unos productos a otros en función del impacto social y ambiental negativo de la fuente energética.

También enumeraba las aplicaiones que debían darse a los fondos recaudados, entre las que destacaban la realización de programas de descontaminación, mejoras ambientales, investigación y desarrollo y recuperación de espacios naturales.

Según Rafael García, la aprobación de estas medidas hubiera incrementado el interés de los consumidores en el ahorro, reducido las emisiones contaminantes a la atmósfera y mejorado la competividad de las energías renovables frente a las convencionales.

La moción estipulaba que la aplicación dl dinero obtenido a través de la tasa debía estar supervisada por una comisión de seguimiento en la que estarían representados, junto a la Administración, otros agentes sociales, como partidos políticos, grupos ecologistas, asociaciones de consumidores, empresarios y sindicatos.

Sin embargo, todos los grupos, a excepción del Mixto, han preferido no apoyar la iniciativa del senador de IU, por considerar que es preferible esperar a que la CE adopte una decisión al respecto.

Por el contrario, RafaelGarcía insistió en que es necesario "modificar la estructura impositiva de los precios de los productos y servicios energéticos, de tal modo que se incorpore a la misma una exacción fiscal que afecte a todas las fuentes de energía no renovables".