La moción popular, que fue rechazada por todos los grupos de la Cámara Alta, exigía también la implantación de medidas de gestión orientadas a la recuperación del valor que tenían los activos de las sociedades filatélicas en el momento en que se produjo la intervención.

Asimismo, demandaba actuaciones de apoyo directo a los afectados, el desarrollo inmediato de la disposición adicional IV de la Ley de Inversiones Colectivas y medidas de control contra sociedades que ofrecen servicios financieros sin estar autorizadas.

En defensa de la moción, el senador Sánchez Simón denunció que cuando ya han pasado más de cuatro meses desde el momento de la intervención la situación de los afectados es aún la misma por lo que pidió medidas inmediatas.

Según el senador popular, "la falta de apoyo de la administración ha creado en los afectados una situación de incertidumbre y desconfianza". "Siguen sin saber nada y sin recibir nada", apostilló.

En nombre del grupo socialista, el senador Bru justificó el rechazo a la moción popular en el hecho de que dichas medidas "no pueden ser aplicadas si no se cambia el ordenamiento jurídico actual".

"No podemos trastocar todo el sistema jurídico, debemos dejar que actúe la justicia", afirmó el senador socialista quien agregó que las demandas populares son contradictorias.

Finalmente calificó la iniciativa popular de "moción irreal" y de "brindis al sol" con el único objetivo de aprovechar la desgracia de 380.000 afectados para desgastar al Gobierno.