El portavoz de Educación y Cultura del PP en el Senado, Isidro Fernández Rozada, ustificó el veto afirmando que el proyecto de ley, tras su paso por el Congreso, mantiene la marginación del profesorado en la gestión y en el gobierno de los centros educativos y potencia la política de clientelismo y de partido respecto a los docentes.

Además, la ley, según Fernández Rozada, no concede un mayor protagonismo al claustro; ataca el sistema de participación establecido por toda la legislación anterior; los candidatos a director de los centros educativos públicos son acreditados por la Aministración, por lo que se desvinculan todavía más de la comunidad escolar; pretende consolidar parcialmente el complemento específico de los directores y mantiene la zona de residencia como condición para la elección de centro.

Asimismo, el senador popular señaló que la ley "desdibuja el cuerpo de profesores de idiomas; realiza una integración totalmente extracorpórea de los inspectores de educación, y no desarrolla la Alta Inspeccion Educativa que establecía la LOGSE".

Para Fernández Rozada, tdas estas medidas no contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza, por lo que confía en que el acuerdo alcanzado en la ponencia prospere en comisión, al ser el Grupo Popular el mayoritario en el Senado.