La Mesa y Junta de Portavoces del Senado se reunieron este martes y cerraron una tramitación urgente de la reforma que modifica el delito de sedición y el de malversación que permitirá introducir esta cuestión en el pleno que la Cámara Alta ha habilitado para el jueves 22 de diciembre.

Según dicho calendario, trasladado por fuentes parlamentarias a Servimedia, una vez que este jueves, como está previsto, el Congreso apruebe la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos, ésta llegue al día siguiente -viernes 16- al Senado.

Nada más llegar al Senado, se abrirá un plazo “improrrogables” de enmiendas que concluirá a las 14 horas del lunes 19, con el fin de que al día siguiente, el martes 20, sea debatida de manera exprés en ponencia y en la Comisión de Justicia.

Todo tiene que darse antes de que comience el Pleno de la Cámara Alta -martes a las 16 horas- de manera que la Junta de Portavoces pueda incluirlo en el orden del día. El día 21, miércoles, concluirá el plazo de los votos particulares.

Será el jueves 22, cuando se prevé que la proposición de ley con todas las reformas incluidas en el Congreso, y ninguna en el Senado, sea discutida y votada en el Pleno del jueves 22 de diciembre, de manera que quede definitivamente aprobada sin necesidad de que regrese al Congreso, porque los partidos que respaldan al Gobierno no tienen previsto -como con Presupuestos- considerar ninguna enmienda de la oposición.

EN MES Y MEDIO

La reforma de una ley orgánica concluiría así un procedimiento exprés nada usual en las Cortes. El pasado 11 de noviembre registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Los partidos que forman parte de la coalición de Gobierno solicitaban una tramitación por la vía de urgencia de reformas en el delito de sedición, malversación y cambios en la ley orgánica del Poder Judicial para establecer consecuencias a los jueces que impidan los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional.

Desde el Ejecutivo siempre se marcaron como prioridad que la reforma debía quedar aprobada antes de final de año para así quedar lo más lejos posible del ciclo electoral que se abre en 2023 ante la cita con las urnas de mayo.