Después de consultas con expertos de dentro y de fuera del partido, los socialistas comenzarán las conversaciones con los secretarios territoriales y los presidentes de las autonomías en las que gobiernan para consensuar una propuesta que sea ratificada en el Comité Federal de marzo. La propuesta está abirta a todo tipo de modificaciones, según explicaron fuentes a Servimedia de la dirección del PSOE.

Aunque el texto final pretende aportar una alternativa al modelo actual de financiación autonómica, este aspecto está aún sin consensuar, aunque confían en tener propuestas concretas antes de marzo, si bien admiten la posibilidad de que el consenso no sea total.

En este sentido, reiteran sus críticas al actual modelo e insisten en la posibilidad de compatibilizar la autonomía financiera de las comundades autónomas con la solidaridad entre los distintos territorios.

El texto que finalmente propongan respetará el principio de unidad de caja, pero primará aspectos distintos del estatal en el fomento de la creación de empleo, como los ámbitos regionales y locales.

SENADO

Más concretada está la propuesta de reforma del Senado, para la que los socialistas piden un pacto entre todas las fuerzas políticas sin necesidad de convocar un referéndum.

Los senadores serían elegidos tanto por eleccines directas en las circunscripciones como por las cámaras autonómicas, ambas coincidiendo con las elecciones autonómicas. Por tanto, la Cámara Alta no podría ser disuelta junto al Congreso.

De esta forma, argumentan, el Senado representaría más claramente a las autonomías y sus miembros tendrían más influencia en el proceso legislativo, especialmente en la tramitación de las leyes que tengan una especial relevancia para las competencias de las comunidades autónomas.

Aunque los senadores seguiría constituidos en grupos ideológicos, los grupos territoriales tendrían personalidad jurídica suficiente para ponerse de acuerdo e interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional si consideran que una ley puede violar los hechos diferenciales de una comunidad autónoma.

Los socialistas creen defendibles todas las propuestas autonómicas que quepan en el orden constitucional, aunque advierten de su rechazo, democrático pero frontal, a todas las que intenten superar ese orden o plantear fórmulas autoeterministas que pretendan modificar sustancialmente las bases constitucionales.

PACTO

El tema autonómico requiere, a juicio de los dirigentes del PSOE, un pacto similar al que hizo posible la aprobación de la Constitución y, para ello, se muestran dispuestos a dialogar para llegar a un acuerdo con todos los partidos posibles, más allá del que gobierna y el mayoritario de la oposición.

Entre las líneas básicas que proponen para llegar a un nuevo modelo de política autonómica destacan la necesidd de defender el Estado como espacio común de convivencia de todas las comunidades autónomas, combinando las cotas de autogobierno con la unidad de ese espacio común.

Esto se conseguiría fortaleciendo las señas comunes de convivencia, fomentando los mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas comunidades y entre todas ellas y el Estado, reformando el modelo de financiación autonómica y asegurando la igualdad constitucional de todos los españoles, independientemente del territorio en e que residan.

Veinte años después de la aprobación de la Constitución, los socialistas mantienen que la tendencia hacia la nivelación competencial entre Estado y autonomías es irreversible, pero creen que hay que entender el proceso como una posibilidad de aprovechar la riqueza de la composición del Estado.

Por este motivo, reclaman el impulso del doble sentido de la política autonómica, de forma que las transferencias no circulen en una sóla dirección, sino que el Estado pueda recabar de las autnomías su colaboración o acuerdo para hacer más efectiva una determinada prestación.

Los socialistas creen que actualmente existe un desorden autonómico del que culpan al Gobierno del PP, caracterizado por una sensación creciente de agravio territorial y una peligrosa extensión de la moda particularista surgida tras las concesiones del Ejecutivo a los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco.

Ese desorden, junto a la falta de compensaciones para que los acuerdos amortigüen las reivindiaciones crecientes de esos mismos partidos nacionalistas, dibuja un horizonte de desarmonización fiscal que los socialistas creen superable con la reforma del IRPF.