Un acuerdo con CiU, formación con la que se pactó el texto definitivo, posibilitó que se aprobase la iniciativa, sobre cuyo cumplimiento el Gobierno tendrá que dar cuentas antes de seis meses.

Según informó el PP, entre las medidas, se encuentra la de orientar la formación de los trabajadores en situación de desempleo hacia los sectores que demanden empleo.

Además, se apuesta por establecer incentivos como nuevas bonificaciones fiscales por la plena integración de los colectivos más desfavorecidos en el mercado laborar y estableciendo nuevas bonificaciones fiscales a la contratación de los mismos.

Por otra parte, se insta al Gobierno a estudiar incentivos para la inserción en el mercado laboral de los colectivos más desfavorecidos y a poner en marcha programas dirigidos a facilitar a los jóvenes el inicio de su vida laboral.

Establecer fórmulas de trabajo con horarios flexibles, el empleo de los mayores permitiendo que se pueda compatibilizarla actividad laboral remunerada a tiempo completo con el cobro de una parte de la pensión, son otras medidas.

Por último, se apunta a la colaboración público-privada en los servicios estatales y autonómicos de empleo en tareas como la recolocación o la búsqueda de empleo.