La iniciativa, que fue defendida por la senadora popular María Belén do Campo, obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Do Campo destacó la necesidad de aender las necesidades del más de un millón de personas que en España tienen problemas de sordera y afirmó que la Cámara Alta "no puede hacer oídos sordos" a este asunto.

Aunque reconoció en la actualidad "la tecnología contribuye en muchos casos a reintegrar a las personas sordas al ámbito laboral y social, subrayó que la mayor parte de la sociedad desconoce las dificultades con las que se ha de enfrentar la persona con discapacidad auditiva.

La moción aboga por "dar prioridad a una política saniaria de prevención de enfermedades como la sordera y la hipoacusia, que es todavía hoy un factor limitativo del desarrollo humano que se muestra visible ya desde la infancia, impidiendo el ejercicio de actividades humanas, profesionales, laborales, sociales, políticas y culturales, para las que las personas afectadas pueden estar perfectamente facultadas".

El senador de CiU Juan Cardona se refirió a la necesidad de adoptar, además, políticas preventivas de la sordera en materia sanitaria, sobre todo e el ámbito laboral.

Por su parte, el senador socialista Manuel Arjona pidió "concreción" por parte del Gobierno respecto a la adopción de las medidas que sean necesarias, así como que "presuestariamente se reflejen esas medidas que se pretenden tomar".

Durante el debate de esta moción una intérprete traducía el contenido de las intervenciones parlamentarias a un grupo de personas sordas que asistían como público a la sesión plenaria.