Esta iniciativa salió adelante después de que el Partido Popular presentase una enmienda de sustitución a una moción del PSOE que pedía la creación de una ponencia parlamentaria para estudiar la situación de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales que están encarcelados.

La senadora popular María José Cmilleri destacó que tanto el marco jurídico como la orientación terapéutica que sigue la administración penitenciaria sobre este colectivo "es la adecuada, sin que se haya producido situaciones anómalas por el mal funcionamiento administrativo que justifique la creación de la ponencia que propone el PSOE".

Por ello, Camilleri propuso que Instituciones Penitenciaria informe sobre cuál es la situación de los discapacitados en las cárceles para "debatirlo y volver a plantearnos, en su caso, la convenienca o no de esa ponencia".

A su juicio, el informe de Instituciones Penitenciarias ofrecerá más posibilidades de conocer la realidad de los presos con efermedades psíquicas que el ya elaborado por el Defensor del Pueblo andaluz que alertaba sobre la existencia de un elevado número de deficiencias mentales en módulos de régimen ordinario.

El senador socialista José María Romero explicó que aceptaba la enmienda de sustitución del PP, al entender que del resultado del informe que elabore InstitucionesPenitenciarias ya se podrá instar al Gobierno a adoptar las medidas que, en su caso, sean oportunas para la normalización de los discapacitados en las cárceles.

Al defender su moción, Romero destacó que, independientemente del ordenamiento jurídico que ha catalogado desde siempre las deficiencias psíquicas como eximente o como atenuante de la responsabilidad criminal, "lo cierto es que nuestro sistema penitenciario arrastra un importante déficit en cuanto a la dotación de centros específicamente destiados a este sector de la población reclusa, donde los especialistas puedan desarrollar programas de intervención específicamente encaminados a atender sus situaciones personales".