La moción, presentada por el PP y transaccionada por la mayoría de los grupos parlamentarios, recibió el voto favorable de todos los miembros presentes en la Comisión excepto los dos representantes de ERC, que se abstuvieron.

La iniciativa pide al Gobierno que ponga en marcha "medidas que permitan sensibilizar a los ciudadanos ante los obstáculos a los que se enfrentan diariamente estas familias, así como otras medidas como el aumento de la dotación presupuestaria que España dedica a las políticas familiares, con la financiación necesaria cuando la situación económica lo permita a todos los niveles de la Administración dentro de su ámbito competencial".

Javier Puente, del PP y defensor de la iniciativa, indicó que "cuando una familia cuenta entre sus miembros con alguna persona con discapacidad, a las funciones que debe desarrollar, como cualquier otra familia, se le suma un reto mayor, que es el de atender a ese individuo", y destacó que en España hay cuatro millones de personas con discapacidad.

Vox presentó una enmienda, defendida por Yolanda Merelo, en la que incluía entre las medidas que debería adoptar el Gobierno el apoyo a las familias que se hagan cargo personalmente del cuidado de personas con discapacidad o el incentivo a horarios laborales flexibles acordes a las necesidades de quienes cuidan de esas personas, lo cual no fue aceptado en el texto final de la moción.

Cándida Verdier, del PSOE, apuntó que el Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas para las "familias de todo tipo en las que algunos miembros tienen una discapacidad", relacionadas con la esterilización forzada, la educación o el ámbito laboral, por lo que propuso al PP una enmienda transaccional que recogiera de alguna forma que el Ejecutivo ya ha adoptado iniciativas en favor de esas familias.