La moción, aprobada con los votos en contra del Partido Socialista, insta al Gobierno central a que las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares participen en la primera fase de la cogestión aeroportuaria, sumándose así a la Comunidad de Madrid y a Cataluña, que gestionarán los aeródromos de Barajas y El Prat, respectivamente.

Esta moción propone al Ejecutivo una revisión del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto, en el que se aprobaron las líneas del nuevo modelo de gestión aeroportuario, que abre la puerta a la participación de las Comunidades Autónomas en el caso de los aeropuertos que tengan un tráfico aéreo de más de 30 millones de pasajeros anuales, lo que sólo afectaría a Barajas y a El Prat.

El senador de Coalición Canaria Alfredo Belda, quien defendió la moción ante el Pleno, pidió durante su intervención que "se considere el conjunto de los aeropuertos de cada archipiélago como un todo y que este conjunto se considere de especial complejidad por una razón de cohesión territorial. No existen otras alternativas de transporte ágil entre las islas".

En esta línea, Belda señaló que "en el caso de los archipiélagos está más que justificada la participación de las comunidades, así como las administraciones insulares y las municipales, como recoge el artículo 138.1 de la Constitución Española".

Asimismo, el senador del Grupo Popular Ignacio Burgosdefendió una enmienda, que finalmente fue aprobada, en la que pedía que se ampliara la participación de los Consells y los Cabildos de las islas en la gestión de los respectivos aeropuertos.