La alarma social, la preocupación ciudadana por este asunto y la extensión de los actos violentos en los centros educativos ha llevado a los senadores a tratar este problema, al más alto nivel, para buscar soluciones que eviten los ataques entre escolares y de éstos hacia profesores.

La solicitud de la creación de la Comisión Especial para el estudio del problema del acoso y la violencia física y psicológica entre los escolares se ha llevado a cabo a través de un escrito, presentado en el registro de la Cámara, que ha contado con el apoyo de 25 senadores de los diferentes grupos parlamentarios.

El citado texto sostiene que el 7 de junio de 2005, el Pleno del Senado acordó la creación de una Ponencia en la Comisión de Educación y Ciencia, para estudiar el problema del acoso y la violencia física y psicológica entre los escolares, "poniendo especial énfasis en las medidas educativas, sociales, normativas, económicas y de cualquier otra índole necesarias para prevenir y frenar este grave problema que actualmente se está produciendo en nuestros centros escolares".

Desde aquella fecha a la actual, la sociedad española ha ido cobrando una mayor conciencia del problema de la violencia asociada al ámbito escolar, en paralelo con las noticias que han venido sucediéndose sobre actos de agresión o acoso sufrido por escolares o por profesores en distintos centros educativos.

"La creciente preocupación de la sociedad española ante este problema hacen aconsejable que su estudio por parte del Senado se traslade desde la Ponencia aprobada en su día a una Comisión especial, y que, asimismo, su área de interés se amplíe también al fenómeno del acoso o violencia experimentada por los docentes dentro de los centros educativos", justifican los senadores".

La senadora del PSOE por León, Ana Luisa Durán, que formará parte de esta Comisión especial, junto con el portavoz socialista en la Comisión de Educación y Ciencia, Manuel Pezzi, entre otros, defendió en la Cámara Alta, el 8 de febrero de 2005, una moción socialista por la que se instaba al Gobierno a impulsar y realizar un estudio sobre la situación actual de la violencia escolar en los centros de educación infantil, primaria y secundaria. En aquella ocasión, el Pleno de la Cámara aprobó por unanimidad la citada propuesta del PSOE.