Las investigaciones, trasladadas a la Sala Segunda por el fiscal del Supremo una vez que éste tomara parte en la investigación abierta por la fiscalía de Guadalajara, acusan a Tomey de delito de falsedad en documento oficial, al incorporar como pendientes de cobro cantidades ficticias en las liquidaciones de presupuestos generales de los años 1991, 1993, 1994 y 1995.

Una vez elaborado el dictamen por la Comisiónde Suplicatorios de la Cámara Alta, el Pleno se pronunciará sobre su concesión o no en el inicio de la sesión del martes.