Así, el dictamen de la ponencia del proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente será aprobado por casi unanimidad.

Al no haberse presentado enmiendas, más allá del mencionado veto de Vox que no prosperará, la norma ya no tendrá que volver a ser sometida a votación en el Congreso, por lo que del Senado pasa a ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su posterior entrada en vigor.

Cabe recordar que, en octubre, el proyecto de ley ya superó su primer examen parlamentario, dado que antes de poder empezar su tramitación en el Congreso tuvo que vencer una enmienda a la totalidad de devolución de Vox, que fue rechazada por todos los partidos, salvo por los diputados de la formación de Abascal.

Esta reforma legal es una vieja demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que fue recogida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado año, y que fue pactada por ambas partes antes de ser aprobada en Consejo de Ministros.

PAPEL ACTIVO

En el debate, el presidente de la Comisión de Trabajo y Economía Social de la Cámara Alta, Vicente Tirado (PP), señaló que hasta ahora las personas con una discapacidad sobrevenida por incapacidad permanente tenían “un papel pasivo” en el futuro de su empleo y, desde ahora, tendrán un “papel activo”. Además, agradeció la labor del Cermi por “facilitar” todos los trabajos necesarios para este cambio legislativo.

Además, la senadora del PP Teresa Ruiz alabó el texto aunque afeó al Gobierno que lo pudo haber presentado “antes” para solventar este déficit en los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que puso en valor las enmiendas de los ‘populares’ en el Congreso.

La senadora del PSOE Rocío Briones también valoró la tarea del Cermi y se congratuló del elevado consenso en la Cámara. Asimismo, señaló la necesidad de que “cuanto antes” esta reforma pudiera ser aprobada para dar “esperanza” y “dignidad” a un colectivo que “presenta, de manera objetiva, una clara discriminación” en el acceso y mantenimiento en el empleo.

Ante el veto de Vox, espetó que este partido tiene una acción política que “pivota en el retroceso”, en el “negacionismo” y en “que nada cambie”. Recordó que también votaron en contra de reformar el artículo 49 de la Constitución para reforzar los derechos de las personas con discapacidad y suprimir el término “disminuido” de la Carta Magna.

Desde Sumar/Compromís, Enric Morera, celebró que este es “un día bonito para la política” y criticó a Vox por su Veto y a Carlos Mazón por seguir al frente de la Generalitat Valenciana tras la dana.

Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez, quien defendió el veto de la formación de Santiago Abascal que fue rechazado por el resto de grupo, advirtió de la “inseguridad jurídica” que provocará esta reforma y añadió que “vale la pena” la propuesta de veto para solucionar algunos “flecos” pendientes. “Hasta ese momento, hasta que no ocurra, parece coherente abogar por la prudencia”, sostuvo esta parlamentaria, quien dijo que es un atributo del que carece la mayoría de quienes apoyan la medida en los términos actuales.

CAMBIOS LEGALES

La modificación del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores eliminará la referencia a la extinción automática por Gran Incapacidad, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal, separando con ello estas causas de la muerte de la persona trabajadora.

La posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora que podrá solicitar una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada o el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.

El texto también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y también, en su caso, si son razonables para el tamaño de la empresa.

Además, durante la tramitación en el Congreso, en la ponencia de la reforma legal, se pactaron algunos cambios en el proyecto de ley, entre los que destaca que, en el plazo de seis meses y en el marco del diálogo social, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de la normativa en materia de Seguridad Social sobre incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo.

Finalmente, se pactó que, con el objetivo de avanzar en los principios de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo de las personas con discapacidad, en el plazo de 12 meses y en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de los regímenes del personal de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de las Fuerzas Armadas para garantizar la posibilidad de adaptar o cambiar el puesto de trabajo en caso de incapacidad permanente absoluta, total o gran incapacidad por discapacidad sobrevenida. Dicha norma será presentada como proyecto de ley.