La iniciativa, que defenderán los senadores centristas Alberto Dorrego y Juan José Otamendi, intenta eliminar esta pena contemplada en elCódigo Militar español y que puede ser aplicada en tiempos de guerra.

Dorrego señaló hoy a Servimedia que la propuesta será rechazada con los votos socialistas, "aunque no tienen por qué oponerse a ella", y añadió que el Partido Popular (PP), casi con toda probabilidad, se abstendrá.

El senador centrista manifestó que "el que un muchacho que esté realizando el servicio militar pueda ser condenado a muerte por tener miedo en un momento determinado, parece bastante duro".

El artículo 15 de la onstitución proclama el derecho a la vida de todos lo españoles, salvo en los casos que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra. El Código Penal Militar recoge 26 supuestos en los que puede ser aplicado este castigo.

Para los centristas, "ha llegado el momento de suprimir este último reducto de la pena de muerte, porque las razones que tradicionalmente se aducían para su sostenimiento en el ámbito castrense: la ejemplaridad o el amedrentamiento del soldado en batalla, carecen de funamento, ya que nuestro ejército está formado por ciudadanos".

El 29 de noviembre de 1990, el Congreso de los Diputados ratificó el Segundo Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte en el mundo, pero aprobó una reserva que mantenía el castigo en la jurisdicción militar.

Los grupos parlamentarios socialista y popular fueron los únicos que apoyaron la reserva e impidieron la total desaparición de esta pena en la legislación espñola.

Según los datos de que dispone Amnistía Internacional (AI) hay 18 naciones en el mundo que, como España, mantienen la pena de muerte en casos excepcionales.

Otras 25 son consideradas abolicionistas de hecho, al no haberla aplicado durante las últimas décadas, pese a mantenerla en sus códigos; y 94 países la mantienen para delitos comunes.

La organización internacional asegura que en 1989 fueron ejecutadas legalmente 2.229 personas en 34 países, mientras que otras 2.826 fueron sentenciaas a morir en 62 naciones.