La senadora popular declaró en rueda de prensa que en algunos de estos concursos "no existen criterios objetivamente seguros para la audiencia cuando se proclama la elección del ganador, lo que implica un fraude al espectador".

Para evitar estas anomalías, Navarro aboga por establecer una norma que regule la actuación de los notarios, ya que en la actualidad el fedatario público está siendo utilizado para dar "apariencia de veosimilitud", participando solamente en la fase final del concurso, sin haber presenciado todo el proceso ni tener a su disposición las bases del mismo.

La Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Cámara Alta aprobó hoy el informe de la Ponencia coordinada por Navarro, en el que se reclama un marco legislativo para todo el sector audiovisual y algunas iniciativas concretas para regular los derechos de imagen de los concursantes o la creación de un Consejo Audiovisual o un órgao regulador independiente similar.

La coordinadora de la ponencia consideró que es necesario acabar con el "vacío legislativo" que existe en lo referente a la explotación de los derechos de imagen de los concursantes en programas como "Operación Triunfo" o "Gran Hermano" mediante un iniciativa parlamentaria que también beneficiaría a otro tipo de profesionales, como los jugadores de fútbol, según la propia senadora.

Los miembros de la ponencia creen que es importante que sean públicos los contrats que rigen la relación entre los participantes y las cadenas o productoras de estos programas o de concursos como "Miss España". Con ello, se tratará de evitar que se vulneren los derechos de los concursantes.

CONSEJO AUDIOVISUAL

En cuanto a la creación de un Consejo Audiovisual, la senadora del PP apostó porque sea un órgano independiente, que surja desde la autorregulación del sector, que tenga capacidad sancionadora, a través de un sistema de arbitraje que emita laudos de obligado cumplimiento. Sin embargo, Navarro se mostró partidaria de esperar a que se apruebe la ley del audiovisual antes de crear este consejo y, en nombre del Grupo Popular, propuso que el Senado se ofrezca como sede en la que el sector pueda constituir un órgano de autorregulación mientras se pone en marcha el citado consejo.

Por otra parte, la ponencia también se ha preocupado especialmente de estudiar el fenómeno de los numerosos fraudes cometidos en los llamados "cibercasinos" a través de Internet.

Navarro relamó igualmente en este campo una iniciativa legislativa que acabe con el "peregrinaje administrativo" que muchos defraudados por este procedimiento han sufrido al declararse incompetentes las comunidades autónomas. Los senadores reclaman "determinar de forma clara y contundente cuál es la autoridad competente sobre juego en Internet".