Los nacionalistas catalanes argumentan que su iniciativa pretende evitar situaciones como las del pasado mes mayo, cuando cuatro niñas tuvieron que declarar como testigos y sin estar separadas por una mampara en el juicio que se seguía en la Audiencia de Barcelona contra su profesor de kárate, acusado de abusar sexualmente de ellas.

El Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados presentó también en mayo esta iniciativa en la Cámara Baja, donde está pendiente de discusión.

En opinión de la diputada de Convergencia i Unió Merce Pigem, "el respeto al principio de inocencia no puede justificar, en ningún caso, que no se aseguren los derechos de los menores" y, por eso, "entendemos que la mejor solución es elevar a rango de ley lo que expertos ya valoraron cuando se elaboró el protocolo".

Concretamente, la iniciativa establece que "en las declaraciones de menores en los procedimientos penales, se les tomará declaración a través de un experto, al que el juez, el Ministerio Fiscal y las partes, previamente, habrán facilitado las preguntas. La exploración será seguida por el juez y las partes a través de un espejo unidireccional o de un circuito cerrado de vídeo y podrán sugerir nuevas preguntas a través del experto. Se grabará en soporte audiovisual para su valoración".

Pigem explicó que en el régimen judicial para menores está previsto que éstos deben de ser oídos, pero la Ley de Enjuiciamiento Civil no indica el modo a realizar el examen de los niños. Tampoco la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone de un tratamiento específico, a excepción única de las advertencias relativas al tratamiento como testigos de púberes e impúberes.

"Se da la paradójica circunstancia de que si los menores delinquen tienen un tratamiento penal diferenciado, pero si son víctimas se les trata como adultos", advirtió Pigem.

En su opinión, "el abandono en nuestra legislación procesal de un desarrollo específico del tratamiento a los menores ante la administración de justicia, comporta que cada juez ha de actuar según su criterio personal".

La diputada catalana recuerda que ha sido reiteradamente manifestado por profesionales de diversos ámbitos que la especial situación psicológica de la infancia y la incidencia que su participación en los litigios de los progenitores puedan tener, "es merecedora de una atención minuciosa y expresa que les asegure la máxima protección".