De esta forma, el texto definitivo queda de la siguiente manera: "Proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administració General del Estado". El voto particular de los populares, que contó con el respaldo del Grupo Socialista, obtuvo 197 votos a favor, frente a 22 en contra y 3 abstenciones.

La exclusión de las palabras "de la nación" en el citado proyecto desató en los últimos días una fuerte polémica, que tuvo reflejo en el debate de hoy en el Senado, en el que los populares acusaron a los nacionalistas catalanes de querer introducir un elemento de discusión que nada tenía que ver con la ley de incompatibilidades.

Por su parte, el portavoz de CiU, Francisco Codina, expresó su sorpresa por la repercusión alcanzada por la enmienda de su grupo y dijo que se había levantado un "revuelo innecesario" porque su iniciativa no pretendía buscar un "debate exagerado".

Codina recordó que la Constitución española cita un total de 66 veces el término Gobierno, sin que en ningún caso se hable explícitamente de Gobierno de la Nación, y destacó que su grupo únicamente pretendía ser coherente con lo establecido en el texto contitucional.

Asimismo, mostró su extrañeza por la actitud del Grupo Socialista, que en el debate en comisión aceptó su enmienda y luego en el pleno dio marcha atrás, apoyando el voto particular de los populares.

POLEMICA EXTRAÑA

El ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, que estuvo presente en el debate, declaró posteriormente en los pasillos del Senado que la polémica suscitada por la supresión de la expresión "de la nación" ha sido un poco "extraña".

Tras señalar que la onstitución siempre que habla del Gobierno lo hace en referencia al Gobierno de reino de España, Saavedra insistió en que la polémica no tiene mayor importancia, porque responde a la intención de algún grupo político de querer transformar en fundamental lo anecdótico.

El proyecto de ley de incompatibilidades establece que los altos cargos deberán ejercer sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto o cargo, ya sean de carácter úblico o privado, o por cuenta propia o ajena.

Igualmente, recoge que los titulares de altos cargos no podrán tener, "por sí o junto con su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un diez por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local".

Otra de las obligaciones contenidas en la normativa es la de que durante los dos años siguientes a la fecha e su cese, los altos cargos nopodrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las administraciones públicas.

Saavedra manifestó que tras la aprobación de esta ley quedará "fuera de toda duda" la voluntad del Gobierno de contribuir a eliminar cualquier posible sospecha de debilidad o complacencia "ante hechos ocurridos con anterioridad", en alusión a determinados comportamients de corrupción.