El texto, que fue leído durante la sesión plenaria celebrada este mediodía por la presidenta de la Cámara Alta, Esperanza Aguirre, señala que todas las víctimas de ETA "han sido asesinadas por no renunciar a su libertad".

Subraya que, con su actitud de "dignidad cívica y democrática han contribuido a defender las libertades e todos y merecen por ello nuestra gratitud y nuestra admiración".

De igual modo, afirma que la libertad de expresión y de opinión es "pieza básica del conjunto de derechos propios de una sociedad democrática". Al respecto, reseña la trayectoria personal de la última víctima etarra, de la que se dice que "como muchos otros periodistas e intelectuales, mantuvo durante toda su vida un compromiso insobornable" con la libertad de expresión.

"Fue por ello víctima de la represión cuando nuestra nación ufría aún la ausencia de libertades, -continúa- lo que le proporcionaba una autoridad moral aún mayor para denunciar, en nuestro tiempo, los chantajes y presiones antidemocráticos a que se ven diariamente sometidos quienes quieren defender su derecho a expresarse en libertad".

La declaración institucional concluye afirmando que "quienes recurren al asesinato como método de presión política no merecen otras respuestas que aquéllas que el Estado de Derecho pone en manos del poder democrático, legítimamete constituído. Y quienes son cómplices o guardan silencio ante el terror no deben obtener a cambio sino el más absoluto aislamiento de todas aquellas fuerzas políticas y sociales que creen en la democracia como régimen político".