La disposición adicional se introduce a través de una enmienda transaccional de PP y CiU, que garantiza tanto la objeción de conciencia de estos cargos públicos y funcionarios como la obligación para el ayuntamiento de turno de garantizar el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio.

La propuesta se aprobó con 13 votos a favor, del PP y CiU, 11 en contra, del PSOE, y una abstención, del PNV. Textualmente afirma que "las autoridades y funcionarios de todo tipo que, debiendo intervenir en cualquier fase del expediente matrimonial entre personas del mismo sexo, adujesen razones de conciencia para no hacerlo, tendrán derecho a abstenerse de actuar".

Asimismo, indica que "la administración o corporación a la que perteneciese la autoridad o funcionario que se acogiere al derecho de objeción de conciencia, proveerá el sistema adecuado apra garantizar, en todo caso, que quienes tengan derecho a contraer matrimonio puedan efectivamente contraerlo".

El senador del PP Agustín Conde subrayó que "la objeción de conciencia es un derecho constitucional que forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica, religiosa y de pensamiento".

Por su parte, el senador de CiU Lluís Badia calificó de "práctica" esa disposición adicional, porque garantiza a los homosexuales la celebración del matrimonio en el ayuntamiento que han seleccionado.

Arcadio Díaz Tejera, senador del PSOE, expresó su rechazo a a la posibilidad de que las autoridades y funcionarios aleguen objeción de conciencia para no celebrar matrimonios, ya que éstos deben cumplir con su trabajo de "sacar adelante" este tipo de procesos.

DICTAMEN

Por otro lado, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen de esta reforma del Código Civil con los 13 votos a favor del PSOE, CC, CiU, PNV, Entesa y Grupo Mixto y los 12 en contra del PP. Además, también rechazó los vetos presentados a este texto por el PP y Unió Democrática de Catalunya.

El senador de Unió Jordi Casas dijo, al defender su veto, que este proyecto de ley es "precipitado" y que ha faltado debate social sobre las consecuencias del matrimonio homosexual.

Añadió que Unió no se opone a regular las parejas del mismo sexo, pero, a su juicio, requieren de un reconocimiento jurídico distinto para no "desnaturalizar la institución matrimonial". También rechazó la adopción por parte de parejas homosexuales, porque, según dijo, los niños tienen derecho a una madre y a un padre.

Por su parte, la senadora del PP Rosa Vindel defendió un marco de derechos y obligaciones para parejas del mismo sexo, pero sin que se denomine matrimonio y sin derecho a la adopción.

Asimismo, lamentó que el "Gobierno, a sabiendas del rechazo que ha causado esta iniciativa, no se permita ni un resquicio de libertad en ningún artículo y haya perdido una oportunidad de oro de demostrar su respecto al pluralismo ideológico de los españoles que consagra la Constitución".

El senador socialista Arcadio Díaz recalcó que el Ejecutivo cumple su compromiso electoral de regular el matrimonio homosexual y añadió que esta iniciativa pretende llevar al ordenamiento jurídico una realidad social como es la existencia de convivencias de personas del mismo sexo y la adopción por parte de solteros homosexuales.

Díaz vaticinó que con el transcurso del tiempo los matrimonios homosexuales dejarán de ser un "escándalo" como algunos lo plantean ahora.

El pleno del Senado de la próxima semana aprobará definitivamente este proyecto de ley, que posteriormente deberá ser refrendado por el Congreso.