Así lo defendió en el transcurso del debate la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Esther Carmona, quien hizo hincapié en los “numerosos encuentros” mantenidos por su grupo con colectivos, asociaciones y empresas del sector durante la tramitación de una ley que, dijo, “pretende mejorar la vida de las personas y el interés de las familias por preservar su serenidad, su calma y las condiciones de vida de quienes las conforman”.

“Como no puede ser de otra manera, respetamos todas las preocupaciones de cuantos conforman el escenario del juego en España”, aseveró, para preguntarse “cómo no nos van a preocupar los casi 50.000 empleos del sector o la propia situación de las empresas del mismo” y señalar que “nada nos puede preocupar más que la propia vida de quien, a su pesar, está sufriendo en el juego”.

Tras puntualizar que esta es “una actividad lícita, legal y en absoluto perseguible”, defendió que el proyecto de ley “nace consciente de la realidad competencial sobre la que se mueve, pero también de la fuerza en sí de dicha realidad competencial”, e insistió en que pretende “mejorar la protección a los menores, a los participantes en los juegos así como la prevención de las conductas adictivas”.

“No es el momento de los lobbies, no es el momento de la banca, es el momento de atender a menores, a personas más vulnerables y a las familias que sufren”, resolvió.

ENMIENDAS

El texto llegaba a la Cámara Alta con 22 enmiendas vivas, que no fueron incorporadas al texto y de las que el PP presentó cinco, de entre las cuales el senador popular Bienvenido de Arriba destacó la que pretendía introducir, en un plazo de tres meses, un plan nacional de actuación en el sector del juego que fije en este ámbito “criterios homogéneos” en lo que se refiere a la “prevención y defensa de los consumidores y usuarios, especialmente de los más vulnerables”.

“Un plan que garantice la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y que planifique criterios en cuestiones de comunicación y publicidad, tanto para los operadores del sector público como privado, respetando el marco competencial otorgado por nuestra Carta Magna”, sentenció, al tiempo que juzgó “necesario” que las políticas públicas “garanticen un efecto positivo en la sociedad, protejan a los menores y más vulnerables” y sean “verdaderamente efectivas” en la promoción del juego responsable.

El senador coincidido en la importancia de desarrollar políticas de prevención para hacer posible “un consumo más crítico, seguro y responsable que evite el impacto de las adicciones al juego”, si bien consideró “inverosímil” que el Gobierno “se gaste 230.000 euros en una campaña para concienciar y alertar de los riesgos del juego y a su vez dedique 55 millones de euros a publicidad del juego como atracción, buscando aumentar clientes de perfil joven”, por lo que, dijo, “su credibilidad está totalmente perdida”.

“Cuando el principal objetivo de la ley era reforzar el control del mercado de las apuestas para evitar fraudes y la protección de la integridad del deporte, todo acaba convirtiéndose en un nuevo despropósito legislativo”, criticó, convencido de que, “a última hora, introdujeron en la Cámara Baja una serie de enmiendas a este proyecto de ley que nada tienen que ver con el sector del juego para deshacer una reforma del régimen sancionador de consumo de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios”.

“Una ley que cambia continuamente en cuestión de pocos meses desactiva la jurisprudencia y toda la doctrina jurídica”, denunció, para asegurar que en su partido tienen “muy clara la importancia de una política sólida en materia de protección del consumidor y de los aspectos relacionados con un consumo reflexivo, saludable y crítico”.

TURNO EN CONTRA DEL PSOE

En su turno en contra, el senador socialista Alfonso Escudero quiso detenerse “especialmente” en la enmienda número 18 de los ‘populares’ que, a su entender, “dice mucho de lo que realmente es la propuesta de modificación de ley”, dado que la Ley 13/2011 de regulación del juego establece al Consejo de Políticas de Juego como el “órgano de participación y de coordinación de las comunidades autónomas y el Estado en materia de juego”.

Por esta razón, subrayó que el Ministerio de Consumo, a través de la modificación aprobada, dispondrá de las herramientas de participación, consulta y coordinación de todas las administraciones competentes, así como de “aquellas necesarias para detectar las problemáticas de las personas usuarias y detectar y perseguir las conductas ilícitas o no deseables de todos los operadores del sector y actuar ante dichos casos con la eficacia y contundencia debida”.

En este punto, hizo hincapié en que dicho Consejo lo han “compartido” el PSOE y el PP “en muchas tomas de decisiones” y en que “todo lo que ha ocurrido con el juego en España desde el día que se instauró ese Consejo ha tenido que ver con el Partido Popular y el PSOE”.

Asimismo, Escudero aseguró que el propio sector deseaba “que haya un marco jurídico estable donde todos los actores tengan claro cuáles son sus deberes y obligaciones y, al mismo tiempo, que el Estado, las administraciones públicas competentes, que son las autonomías, también, tengan las herramientas necesarias para poder programar estudios y actuaciones para luchar contra el fraude”.

“Creo que somos un país serio, un país descentralizado, un país que ha demostrado que lo estamos haciendo bien en esta materia”, abundó, convencido de que esta modificación de ley “viene a ahondar en las herramientas para, desde el diálogo en ese Consejo de Políticas del juego, poder hablar y tener las herramientas necesarias para que las cosas fluyan y transcurran de la mejor manera posible en esa línea de cooperación y desde el respeto a los diferentes actores y competencias”.

Con respecto al resto de enmiendas, también se detuvo en las presentadas por los nacionalistas para, según solicitó el senador Josep Rufá, de ERC, “poner fin a la rebaja del PP al impuesto del juego”, al entender que, tras la aprobación de la modificación, “seguirá siendo de un 20 a un 25% y seguirá tributando menos incluso que los servicios funerarios o que una bicicleta”, por lo que abogó por subirlo al 30%.

En este sentido, Escudero advirtió de que dichas demandas “no son oportunas en este momento” porque la ley “no va de modificaciones fiscales, sino de promover y garantizar la protección efectiva e integral a los jóvenes y a las personas de riesgo”.

PORTAVOCES

Ya en el turno de portavoces, la senadora del PP Patricia Rodríguez lamentó que este proyecto de ley “se enmarca dentro de los despropósitos legislativos de este Gobierno” y puntualizó que el Ejecutivo central proponía una modificación de la ley en un texto que llegaba al Senado “más o menos consensuado” y cuyo fin era, entre otros objetivos, el de “dar respuestas a un fenómeno difícil de atajar como es el del fraude y manipulación de las competiciones deportivas”.

“Hasta ahí todo bien, pero, de repente, sin venir a cuento, en este mismo proyecto de ley propone modificar la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios en lo relativo a la potestad sancionadora de las administraciones”, criticó, para pedir “una razón más o menos convincente de cuál es el motivo de que metan con calzador estas modificaciones”.

Por su parte, el senador de Vox José Manuel Marín volvió a criticar la tramitación de este tipo de iniciativas legislativas, que, dijo, se ha realizado “de forma urgente, deprisa y corriendo” y, a su entender, “otra muestra más” de ese “desarrollo, anómalo y antidemocrático que se produce en la tramitación de iniciativas legislativas” durante esta legislatura es la “inclusión, por la puerta de atrás y de rondón, de ciertas enmiendas que nada tienen que ver con la iniciativa tramitada”.

Carles Mulet, de Més Compromís, denunció que en España “ha existido siempre una gran impunidad y manga ancha con las mafias del juego”, empresas, a su entender, “sin escrúpulos” y que “han vivido de la estafa y de aprovecharse de las personas vulnerables”. “Y la falta de una legislación seria ha permitido continuar con esta situación”, agregó, si bien reconoció que, aunque “no da respuesta a todos los problemas del juego”, el nuevo texto “avanza”.

Finalmente, por el PNV, la senadora Nerea Ahedo aseveró que la modificación aprobada “parte de la necesidad de ajustar la oferta del juego a la situación real actual, que ha cambiado desde que la ley se promulgó” y alertó de la necesidad de “diferenciar” entre la actividad del juego, “importante, tanto lúdica, como económica”, con el juego “problemático”, al tiempo que volvió a reivindicar las competencias autonómicas en esta materia.