Según consideró el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Luis Ayllón, el proyecto de Ley "hace una adaptación desajustada de las directivas comunitarias y relega a las comunidades autónomas a pagar la financiación de aquellas líneas que el Gobierno considere deficitarias". En este enfoque coincidiero con la formación catalana para rechazar a la nueva normativa.

Además, el senador protestó en la Cámara por "el riesgo que conlleva la separación radical" de los dos entes gestores que contempla la norma, como es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la empresa Renfe-Operadora, al considerar que sería necesario una situación contable transitoria en el que la separación no fuera total en una primera fase.

Otra de las razones que aportó Ayllón para justificar el veto presentadofue la "nula autonomía" que la Ley otorga al Comité de Regulación, organismo que ha de velar por la transparencia del mercado ferroviario y que "al nacer con una dependencia orgánica y funcional del Ministerio de Fomento, no podrá cumplir su función con las debidas garantías de autonomía".

Finalmente, el senador socialista expresó sus dudas sobre la viabilidad de la nueva entidad empresarial Renfe-Operadora, que arrastra un déficit cercano a los 1.500 millones de euros sin que la nueva norma establezc vías para financiarlo.