Los programas y su documentación preparatoria recibirán la misma protección que las obras literarias y serán consideradas creaciones intelectuales de su autor, por lo que los fabricantes de "software" podrán autorizar la reproducción total o parcial de sus programas.

Asimismo, los jueces podrán realizar las investigaciones que estimen oportunas sin necesidadde informar a la parte investigada. En caso de delito, la Ley contempla el cierre del centro infractor, el pago de indemnizaciones y el secuestro de todos aquellos medios destinados a suprimir los dispositivos técnicos de seguridad de los programas.

En 1992, la piratería informática provocó en nuestro país pérdidas de más de 46.000 millones de pesetas. A nivel mundial, el sector ha perdido más de un billón y medio de pesetas, de los que 560.000 millones afectan directamente a Europa.