El texto prosperó con la votación de 263 parlamentarios, de los que 142 lo hicieron a favor, 102 en contra y 19 abstenciones. Los votos negativos los engrosó el Partido Popular, que cuenta con un centenar de representantes en la Cámara. Con esta votación, la Ley queda definitivamente aprobada.

Tras el debate del texto que llegó del Congreso sin introducirse cambio alguno, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, agradeció la labor de los parlamentarios para saldar la "deuda histórica" con la FP. "Por primera vez en la historia este curso tenemos a más de un millón de jóvenes matriculados en Formación Profesional", destacó.

A esos alumnos, prosiguió, "les vamos a ofrecer una formación de calidad que les va a abrir la puerta a un empleo digno". Pero también, según Alegría, la nueva ley permitirá a las empresas "ganar competitividad" y generar perfiles profesionales muy demandados actualmente pero que no se cubren porque no hay trabajadores con esa formación.

Aseguró también que la ley para modernizar la FP generará un modelo "más flexible" para reconocer la experiencia de los trabajadores y que nace "del debate y la reflexión". En este punto, la ministra destacó que en su paso previo por el Congreso "22 de los 23 partidos políticos representados" facilitaron la aprobación de la norma y lamentó que el PP, que no la apoyó, perdiese la "oportunidad" de ofrecer "un gesto positivo a favor del país" en vez de anclarse en la "crispación".

La ley establece un nuevo sistema de grados de formación profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E).

Asimismo, el texto dispone que toda la formación profesional tendrá carácter dual: se realizará entre el centro de formación y la empresa, en dos intensidades, en función de las características del período de formación en el centro de trabajo.

Además, existirán dos modalidades de formación profesional: general, con una duración de formación en la empresa de entre el 25% y el 35% y una participación de la empresa de hasta un 20% en los resultados de aprendizaje del currículo; e intensiva, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total y una colaboración de la empresa con el centro de formación de más del 30% respecto del currículo.

SIN ENMIENDAS

Pese al apoyo mayoritario en el Senado, el texto no incorporó ninguna de las 328 inicialmente presentadas a su paso por la Cámara Alta (en el Congreso se incorporaron menos de la mitad de más de 500), lo que la bancada socialista justificó en que estaban "recogidas en otros apartados de la ley", contemplaban "contenido no específico" o se llevarán a un "desarrollo normativo posterior", en palabras de la senadora Carmen Mínguez.

Su compañera de grupo Eva Granados se refirió a que la ley nacía "fruto del consenso fuera de las cámaras legislativas", en "el espacio educativo", y agradeció que "PNV, Junts, Ciudadanos y otros grupos" retirasen sus enmiendas, para que "entre cuanto antes en vigor" y en el desarrollo normativo recoger el "espíritu" de las propuestas de mejora y mantener "un canal permanente de comunicación" con el Ministerio para la implementación de la ley.

Otro parlamentario socialista, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, José Asensi, especificó que la norma "no se presenta con las manos vacías", pues está sustentada por recursos económicos de los fondos europeos New Generation. Saturnina Santana (también del PSOE) indicó que la ley se propone "superar las debilidades" de la FP actual y que no siga siendo una formación "de segundo nivel".

'MAQUILLAJE'

Paloma Adrados, del Grupo Popular, criticó que el Gobierno "presenta como nuevas cosas que no lo son", con "muchos cambios de nombre" en "una pura operación de maquillaje". A continuación argumentó que "no hay un sistema mínimo común para todas las comunidades autónomas en España"; que "una cosa es la flexibilidad y otra la desorganización de las enseñanzas profesionales" y que "la apuesta por la educación pública no debe dejar fuera a la concertada". "Tienen cierta obsesión con esto, miedo a la libertad", recriminó.

Respecto a la retirada de enmiendas, Adrados reprochó a los grupos que lo hicieron que se repita lo que en su opinión ha ocurrido con la Lomloe, la ley de Educación de la ministra Celaá, y en su desarrollo normativo se hagan concesiones a quienes apoyaron el trámite parlamentario.

"¿Ninguna de las más de 300 enmiendas presentadas era buena?" indicó el senador de UPN Albert Catalán Higueras. "Hubiesen mejorado el texto y se podría haber alcanzado una unanimidad que el Gobierno no ha querido", lamentó. El senador también aseguró que "nadie mejor que los propios centros de trabajo saben mejor cuáles son las necesidades de las empresas". "Por qué no les hacemos más caso", preguntó, para encontrar respuestas al paro juvenil.

"INEFICAZ"

También recordó que el paro juvenil roza el 30% el senador de Vox José Manuel Marín, que aseguró que aunque la ley "suena bien" va a ser "ineficaz", y que tiene "bastantes lagunas". "A ver cómo se resuelven en el desarrollo normativo", señaló sobre el abordaje de la formación en el ámbito rural o a la necesidad de más profesorado. De nuevo, Vox protestó porque la redacción se hace con lenguaje inclusivo y perspectiva de género.

Desde el Grupo Mixto el senador de Más Madrid Pablo Gómez destacó que presentaron 45 enmiendas, porque el texto es "mejorable". "Espero que esta ley salga adelante y también las enmiendas", zanjó, y concretó que esas enmiendas se refieren a cuestiones como "garantizar una red pública suficiente de centros" de FP, "acabar con la precariedad de los estudiantes de prácticas" o sobre los "servicios de orientación".

Los representantes de ERC y PNV lamentaron lo que entienden por invasión competencial con una norma estatal. Desde la formación catalana, Mirella Cortés aseguró que el no aceptar ninguna enmienda "ponía muy difícil" votar favorablemente.

Assumpció Castellví (Junts) se refirió al pacto con el Ministerio para retirar 17 enmiendas y que estas sean incluidas durante el desarrollo normativo. También aprovechó su intervención para apoyar a quienes se manifestaron este miércoles "contra la imposición" de garantizar un 25% de la educación en castellano en Cataluña como es preceptivo y ha reafirmado la Justicia.