El dictamen de l Comisión de Justicia del Senado aprobado hoy será ahora devuelto al Congreso para su convalidación definitiva, tras lo cual entrará en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El debate de las enmiendas en el Senado se ha prolongado durante dos días.

El pleno rechazó una propuesta de veto al texto legislativo, presentado por el Grupo Socialista, tal y como sucediera durante su tramitación en el seno de la Comisión de Justicia. El proyecto de ley elaborado por el Ministeio de Justicia se podrá aplicar antes de final de año.

Sin embargo, queda por resolver la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en lo concerniente a los procedimientos de recursos de casación al Tribunal Supremo.

La reforma mencionada, que proponía ceder esta competencia a los tribunales superiores de Justicia, con el fin de descargar de trabajo al Tribunal Supremo, fue el único apartado del texto legislativo que no logró el consenso suficiente durante su tramitación en el Congres, merced a la oposición de CiU.

Para no demorar por más tiempo la entrada en vigor de la nueva ley, durante su tramitación en el Senado se acordó aplazar el debate de dicha reforma y enmendar el texto, de tal forma que se abre un proceso transitorio durante el cual el Supremo seguirá entendiendo de dichos recursos de casación hasta que sea factible la reforma de la LOPJ en el Parlamento.

CONSENSO

Durante la presentación del proyecto de ley en el pleno, la ministra de Justicia contó, para su defnsa, con las aportaciones del presidente de la Comisión de Justicia, el senador del PP Juan Moya, y del portavoz de Justicia del PP, Alfredo Prada.

Prada, que ha sido el promotor de las enmiendas técnicas al texto, subrayó durante su intervención que la Ley de Enjuiciamiento Civil es, en la práctica, la de mayor aplicación en todos los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

Asimismo, a pesar del rechazo del PSOE, afirmó que "es un proyecto de consenso, que recoge la mayoría de las enmiendas preentadas por los grupos parlamentarios", tanto en el Congreso como en el Senado.

Mariscal de Gante y el senador Prada coincidieron en que la nueva norma pretende "acercar la justicia al ciudadano y ofrecerle un servicio judicial más ágil, sencillo, barato y eficaz".

El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil constituye la norma jurídica que contiene mayor número de artículos de todas aquellas que se han realizado desde el final de la dictadura franquista. La ley actual data de 1881, por lo que habá permanecido vigente 118 años sin apenas retoques.