De esta manera, los agricultores tendrán derecho a percibir, cuando la ley entre en vigor el 1 de enero de 2007, 0,76 céntimos de euro por litro de gasóleo consumido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006.

En el Pleno, el grupo socialista intentará rechazar tres enmiendas que la mayoría de derechas formada por PP, CIU y PNV introdujo en el debate de la Ponencia en la Comisión de Sanidad y consumo en el Senado.

Una de estas enmiendas es la que demanda la creación de un fondo de garantías para compensar a los clientes de empresas de bienes tangibles como Forum Filatélico y Afinsa en caso de que se volvieran a repetir actuaciones como las que han experimentado estas sociedades filatelicas.

Otra propuesta incluida en el proyecto de ley que rechazan los socialistas es la que defiende que cualquier grupo o asociación pueda defender los intereses generales de los consumidores, independientemente de su representatividad. Para los senadores del PSOE esta posibilidad abre la puerta para que en España aparezcan gupos de presión similares a los "lobbies" americanos.

La tercera de estas enmiendas ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de ser oídas en consulta en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general que afecten a la protección del consumidor.

Por otro lado, la Entesa Catalana de Progrés (formada por los senadores del Tripartito) volverá a someter a votación una enmienda que pretende impedir que los bancos puedan redondear al alza el interés que cobran en los créditos hipotecarios contratados a tipo variable que fue rechazada en Comisión.

Tras su aprobación en el Pleno del Senado, el dictamen definitivo volverá al Congreso donde será aprobado antes de fin de año.

El Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo, modificará la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), de 1984.

Entre las reformas legislativas incluidas en el proyecto se encuentran la de acabar con ciertas prácticas abusivas muy frecuentes por parte de determinados operadores de telefonía y otros servicios de suministro. Concretamente aquellas que ofrecen todo tipo de facilidades para cursar el alta como cliente pero que imponen numerosas trabas y penalizaciones para cambiar de compañía o darse de baja.

La prohibición de los redondeos al alza, así como la del cobro por fracciones horarias, sobre todo en los aparcamientos y en la tarificación de la telefonía móvil, son otras de las medidas que contempla el proyecto de ley. Así, cualquier cláusula que estipule el cobro de productos o servicios no consumidos quedará expresamente prohibida.

También se exigirá que las tarifas, horarios y normas de uso, por ejemplo en los aparcamientos, se faciliten de manera previa.

Respecto a la compra-venta de viviendas se dará solución a cuestiones como la subrogación obligatoria del crédito propuesto por el promotor y se aprobará la prohibición de trasladar determinados tributos que correspondan al vendedor.