La enmienda, aprobada con los votos del PP y de CiU, insta al Gobierno a que apruebe otra ley sobre el reparto de las atribuciones en defensa e la competencia con las comunidades autónomas, antes del 31 de diciembre del 2000.

Posteriormente, el senador popular Francisco Utrera explicó a los periodistas que el objetivo es que el Estado se reserve la defensa de la competencia en aquellos casos en los que los mercados afectados traspasen las fronteras de una única comunidad autónoma.

Asimismo, a pesar de apoyar la enmienda del PP, CiU decidió mantener viva para el debate en el pleno del Senado (que se celebrará el próximo día 1 de diciembe) otra enmienda que tiene el mismo contenido que la de los populares, si bien reduce a dos meses el plazo con el que cuenta el Gobierno para la redacción de la nueva normativa.

La Comisión de Economía rechazó, con los votos en contra del PP y de CiU, la propuesta de veto presentada por el PSOE contra el proyecto de ley, a fin de contar con más tiempo para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional y preparar las modificaciones oportunas.

Según el portavoz socialista, Arseni Gibert, "es imosible modificar la ley con rigor" en tan breve plazo de tiempo. Aseguró que el PP ha tenido un comportamiento "algo frívolo" al presentar tan rápidamente la enmienda, lo que, a su juicio, comporta un "riesgo de anticonstitucionalidad".

Utrera, por su parte, respondió que estas aportaciones "enriquecen" el proyecto de ley y respetan el sentido de la sentencia, a la vez que recordó que los artículos declarados inconstitucionales pertenecen a la normativa de defensa de la competencia de 1989, que fue apobada por el Gobierno socialista.

El senador popular añadió que, de aceptarse la propuesta del PSOE, se retrasaría la entrada en vigor de una ley que, en su opinión, mejora sustancialmente el funcionamiento de la competencia en los mercados e introduce mayor transparencia en la elaboración de los precios.

COMPETENCIA DESLEAL

La Comisión de Economía también introdujo en el proyecto de ley dos enmiendas del PP por las que las situaciones de competencia desleal por factores de dependencia económic pasan a la jurisdicción ordinaria en primera instancia, y no a la administrativa.

Utrera explicó a los medios de comunicación que, de esta forma, se protegerá con mayor eficacia situaciones de indefensión a la que se pueden ver sometidos proveedores que dependan, en gran medida, de un solo cliente.

El senador recordó que hay casos en los que los proveedores se ven forzados a bajar sus precios o a servir su mercancía en condiciones desventajosas, por no perder a determinados clientes que tienen ua posición de dominio en el mercado.

Una vez que la Comisión de Economía ha visto las enmiendas a la Ley de Defensa de la Competencia, el Pleno del Senado la someterá a la aprobación de la Cámara el próximo día 1.

La única novedad previsible para ese día es un hipotético acortamiento del plazo del Gobierno para redactar la ley de reparto de competencias con las comunidades autónomas, aunque fuentes del PP señalaron que en ningún caso será tan breve como los dos meses que proponen los catalanes, pr imperativos del calendario electoral.