Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios defendieron cada una de las 61 enmiendas presentadas al proyecto, que fueron contestadas por los senadores del PSOE, Vicente Guillén y Alfredo Herrera, dos de los ponentes del proyecto.

El senador del CDS, Alberto Dorrego, aseguró que la negativa del PSOE a que el canón de derechos de autor se especifique en las facturas de los productos a los que afecta se debe a un "deseo de ocultación".

"No es un impuesto y, por tano, no es obligatorio que aparezca en las facturas, pero obligar a poner un canón es casi un impuesto, y es un intervencionismo del Estado y el usuario tiene derecho a saberlo", dijo Dorrego.

El grupo parlamentario popular insistió en el trato discriminatorio que sufrirán los fabricantes de máquinas y soportes de copia, al tener que pagar un canón, frente a los fabricantes de automóviles y armas, por ejemplo.

El socialista Vicente Guillén ratificó la postura de su grupo y alegó que "es la pescadila que se mueve la cola; los fabricantes son los que crean la posibilidad de copiar, luego son ellos los que deben pagar una compensación".

El veto a la totalidad del proyecto propuesto por el grupo de senadores nacionalistas vascos fue rechazado por diecisiete votos en contras, frente a tres favorables. La comisión del Senado dio el visto bueno a la ley por 12 votos a favor y 9 en contra.