La declaración institucional muestra su apoyo al pacto y hace referencia a la necesidad de contar con un censo oficial de pacientes con alzhéimer que permita "cuantificar realmente la magnitud de la enfermedad, con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Sanidad y en coordinación con las comunidades autónomas".

Asimismo, llama a conseguir un "diagnóstico precoz" de la enfermedad para actuar cuanto antes en su desarrollo, empleando una "ruta de diagnóstico coordinada y eficiente" entre la atención primaria y especializada, y con más medios económicos, materiales y humanos.

En esa línea, partidos y asociaciones subrayan la importancia de un acceso equitativo a los mejores tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y de cuidados.

Con respecto a la realidad de la enfermedad en España, el Senado reconoce que es "un problema de enorme magnitud" porque se ha convertido en "una de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes, afectando a más de 1.200.000 personas" en España, "lo que supone entre el 60% y el 70% de los casos de demencia".

Asimismo, advierte que para para el año 2050 se espera un aumento del 66% de los casos, alcanzando los 3,6 millones de afectados en España. Con respecto a la detección, lamenta que las "escasas herramientas para un diagnóstico temprano, pocos centros especializados y la deficiente coordinación entre la atención primaria y la especializada dificultan el abordaje de la enfermedad, dejando a muchos pacientes fuera del radar sanitario".

En materia económica el Senado manifiesta que el colectivo de personas, "mayoritariamente mujeres", que tienen que abandonar sus trabajos para cuidar a enfermos "podría suponer el 3% del PIB con un coste de unos 32.000 euros por familia".