El senador socialista Joaquín Galán, integrante de la Comisión de Justicia, explicó a Servimedia que el aplazamiento de la entrada en vigor de la norma tiene como fin dar un margen mayor para que alcaldes, funcionarios de ayuntamientos y registros iviles y el resto de ciudadanos puedan conocer los nuevos mecanismos y competencias de los ediles para oficiar bodas.

De no haber sido así, la nueva ley habría entrado en vigor dentro de una semana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según Galán, las partes implicadas no habrían estado preparadas en tan corto espacio de tiempo para asimilar los cambios que prevé la ley.

La proposición de ley ha sido objeto de un total de cuatro enmiendas a su paso por el Senado, todas presentads por el Grupo Socialista y aprobadas por uninimidad. El texto deberá volver ahora al Congreso de los Diputados, que lo aprobará definitivamente tras la ratificación de estas cuatro enmiendas.

El texto final establece que "todos los alcaldes españoles serán competentes para celebrar casamientos civiles en igualdad de condiciones al resto de los funcionarios habilitados".

Sobre la posible avalancha de bodas que podrían sufrir los alcaldes de las grandes ciudades tras la entrada en vigor de esta noma, el senador Galán consideró que ésta no llegará a producirse, porque la mayoría de la gente seguirá acudiendo a la iglesia y a los juzgados para casarse.

Además, recordó que una enmienda intruducida en el Congreso fijó la posibilidad de que el alcalde, ante un volumen de trabajo grande, pueda delegar en alguno de sus concejales para oficiar los matrimonios. El senador socialista previó que, por ejemplo, en Madrid, cuando entre en vigor la ley el próximo 1 de marzo, "el señor Alvarez del Manzano no endrá más de 14 bodas al mes programadas".