La propuesta de los populares plantea la modificación de dos artículos del Código Penal para aumentar las penas de privación de libertad y de inhabilitación para cargo público, así como la cuantía de las multas por este tipo e delitos.

El texto propone penas entre los seis meses y los dos años y multas de hasta medio millón de pesetas. La divulgación de las informaciones obtenidas ilegalmente agravaría estas penas entre uno y tres años y las multas hasta en dos millones de pesetas.

Las penas se agravan para funcionarios, autoridades y agentes de éstos, en cuyo caso podrían darse condenas de entre uno y cuatro años, de seis a doce con divulgación, y la posibilidad de inhabilitación para cargo público por un periodo siilar".

La proposición solicita la creación de un nuevo tipo delictivo: la grabación de conversaciones no públicas, telefónicas o no, sin permiso de los participantes y sin autorización judicial.

En su defensa, el senador Ortí Bordás, vicepresidente de la Mesa del Senado expuso que es necesario dar contenido al derecho del secreto de las comunicaciones, "en la actualidad no sufientemente garantizado por la impunidad de que siguen gozando en nuestro país determinadas conductas".

Según Ortí Borás, "el vertiginoso desarrollo tecnológico que se ha producido en el campo de las comunicaciones no ha ido acompañado de una actuación efectiva por parte de los poderes públicos, a través de la puesta al día de los mecanismos de inspección y de control, así como de las oportunas modificaciones legislativas".

La toma en consideración de la propuesta fue aprobada por unanimidad, con un único voto en contra, al parecer por error, de una senadora del PSOE, ya que todos los portavoces se mostraron a favor e la misma.