Esta iniciativa, que tiene lugar por primera vez en la historia de la Democracia incluye los mismos puntos que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso y cuya toma en consideración fue rechazada por los únicos votos del PP.

Acogiéndose al derecho de petición, UGT quiere abrir un debate parlamentario sobre el mercado de trabajo que aliente el diálogo social sobre un "Plan Integral contra la temporalidad injustificada y la siniestalidad laboral".

Asimismo, se tratan de prevenir problemas asociados a la precariedad laboral, como la formación, cualificación, acceso a la vivienda, emancipación de los jóvenes, discriminación y desprotección social.

Dicho debate, según UGT, podría servir para adoptar medidas legislativas y administrativas que respondan a estos problemas, que constituyen una de las demandas principales y preocupaciones de la sociedad española.