Aunque el potencial humano del Seprona (1.134 guardias) resulta todavía insufciente, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, ha manifestado su interés por dotar de más medios y personal a este servicio.

Si bien es cierto que existen otros colectivos, como los guardias fluviales, encargados de vigilar este tipo de agresiones, la carencia de medios y la falta de personal reduce de forma importante su capacidad de denuncia.

A cada uno de los 502 guardias fluviales les corresponde proteger una superficie media de 924,8 kilómetros cuadrados (el doble que Andorra)

La Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente está intentando solucionar los problemas que plantean estas carencias firmando convenios con la Dirección General de la Guardia Civil, por un lado, y el Ministerio de Justicia, por otro.

El objetivo de los acuerdos alcanzados con Justicia es el de destinar cada año un porcentaje de los objetores de conciencia a las labores de vigilancia y protección del medio ambiente. Sin embargo, la incorporación de los 3.000 primeros objeores que deberían haber empezado a desarrollar estas tareas se retrasará algunos meses.

INCENDIOS FORESTALES

Entre las misiones que este colectivo deberá desempeñar, probablemente ocupará un lugar destacado la lucha contra los incendios forestales, que este año vuelve a presentar dificultades añadidas como consecuencia de la sequía que sufre una parte importante del territorio nacional.

La Xunta de Galicia ya ha acordado destinar 3.000 personas y una inversión cercana a los 3.000 millones de peetas a este cometido, para intentar reducir las 12.326 hectáreas que el año pasado resultaron arrasadas en la comunidad autónoma a causa del fuego.

Por su parte, la empresa nacional de construcciones navieras militares Bazán ha desarrollado un nuevo sistema de detección automática de incendios forestales, que permite localizar un conato de un metro cuadrado a 10 kilómetros de distancia.

Este sistema permitirá controlar los incendios antes de que alcancen y afecten a grandes extensiones, uno de lo principales objetivos del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona).

Otro de los ámbitos que requieren especial atención por parte de los organismos y servicios encargados de la protección del medio ambiente es el que hace referencia al dominio público hidráulico.

Precisamente, la necesidad de encontrar fórmulas y sistemas que combinen el uso y consumo de las aguas superficiales y las subterráneas reunía esta semana en Madrid a diversos expertos internacionales en hidrogeoogía.

AGUAS SUBTERRANEAS

La mayoría han coincidido en destacar la importancia de los recursos subterráneos, especialmente en periodos prolongados de sequía, como el que sufrimos en la actualidad.

Según los datos del Instituto Tecnológico Geominero de España, mientras en nuestro país la tercera parte de la población resuelve con las aguas subterráneas sus problemas de suministro, en países como Dinamarca, Francia, Alemania o Bélgica el porcentaje de población abastecida con este recurso alcanzasupera el 60 por ciento.

Por ello, los expertos han advertido sobre la necesidad de conservar la calidad de estas aguas y evitar su degradación y contaminación.

Algunos sectores piensan que el método ideal para controlar cualquier proceso contaminante radica en seguir el ejemplo de la bolsa de Chicago, que esta semana ha puesto en marcha un sistema de compraventa de valores relacionados con la contaminación, de tal forma que el derecho a emitir dióxido de azufre ha cotizado como un valor bursáti.

En España, el Gobierno antes de adoptar medidas de este tipo posiblemente tendrá que adecuar toda su normativa medioambiental a las directivas comunitarias.

Greenpeace anunciaba esta semana que la Comisión Europea estudiará una denuncia contra nuestro país por no haber adaptado al derecho interno la directiva comunitaria sobre libre acceso a la información medioambiental.

Los ecologistas creen que esta directiva permite a los grupos no gubernamentales y a cualquier ciudadano conocer todos os datos sobre asuntos y cuestiones medioambientales que obran en poder de las distintas administraciones públicas. Por ejemplo, los detalles de las dos paradas que ha sufrido en diez días la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) como consecuencia de sendas anomalías.