Durante la presentación de esta iniciativa, la coordinadora de esta asociación, Blanca Ruiz, explicó que se trata de un proyecto dirigido a promocionar los derechos de este colectivo que premiará la adopción de prácticas justas y legales de contratación por parte del sector empresarial.

Además, dijo que se pretende también influir en la opinión pública, "transmitiendo al consumidor la importancia de su acción de compra en el apoyo de iniciativas de consumo responsable".

"Contrata" es el resultado de un proyecto de estrategia de sensibilización de la Red Acoge, en el marco del programa operativo "Lucha contra la Discriminación" del Fondo Social Europeo, gestionadopor la Fundación Luis Vives.

Además, está cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, dependiente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

Concretamente, consistirá en analizar a aquellas empresas que se acojan voluntariamente al programa. Una vez que se corrobore el cumplimiento de unos mínimos legales y el establecimiento de prácticas adecuadas de contratación, estas empresas recibirán un sello de calidad que, con la palabra "Contrata", les identificaría frente a otras empresas del mercado por sus buenas prácticas.

Las actividades de medición y evaluación serán desarrolladas por técnicos independientes del Instituto Great Place To Work en España.

100.000 EUROS PARA 2006

Ruiz precisó que, además, se ha fijado una primera fase como "estrategia piloto" de esta iniciativa, que se desarrollará a lo largo de este año y que consistirá en el análisis de cuatro de empresas dedicadas a la producción de cinco productos agrícolas de referencia, procedentes a su vez de cuatro zonas geográficas del país.

En concreto, se trata del tomate de Canarias, la lechuga y el tomate de la Región de Murcia, el vino de la Ribera del Duero (en Valladolid y Burgos) y la fresa de Huelva. Hasta diciembre se llevarán a cabo las actividades de análisis y, posteriormente, se celebrará la concesión de los sellos.

Para esta primera etapa se contará con una partida presupuestaria inicial de 100.000 euros, aportados en un 70% por el Fondo Social Europeo y en un 30% por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

"Tenemos el convencimiento de que podemos configurar un mundo mejor desde las actuaciones conjuntas de entidades públicas y privadas en la creación de un modelo social más justo y solidario", añadió.

Tras justificar el hecho de que se centre esta primera experiencia en el ámbito agrícola "por ser éste el sector en el que existe un mayor número de irregularidades en la contratación y en las condiciones laborales de este colectivo", no descartó extender "más adelante" esta iniciativa a otros ámbitos productivos.

Por su parte, la directora general de Great Place to Work, Montserrat Ventosa, dijo que se trata de una iniciativa "novedosa y muy valiente" que creará "una competencia sana en el mercado" y que "demuestra que en España vamos en buen camino".

Durante el acto estuvieron presentes también el director general de la Fundación Luis Vives, José Manuel Fresno, y la jefa del Área de Análisis y Evaluación de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, Nieves Díaz.