EL Pleno del Congreso decidirá mañana el inicio de la tramitación parlamentaria de este proyecto aprobado en Consejo de Ministros, cuya retirada ha sido solicitada por seis formaciones políticas, dos de las cuales, el PSOE y el NV, han presentado un texto alternativo.

La enmienda del PSOE subraya la obligación del legislador de "delimitar con claridad hasta dónde puede llegar el Estado" cuando interviene en "la esfera personal de libertad y disfrute del resto de los derechos" del sujeto, por lo que las reformas penales deben realizarse de modo "garantista" con los derechos.

"El uso abusivo y exclusivo de la prisión provisional como única medida efizaz es un ejemplo de los prejuicios" de la regulación vigente en esta matria, que data de 1882 pese a haber sido parcialmente reformada e interpretada por el Tribunal Constitucional.

Añade que el proceso en su sistema actual "supone siempre para quien está sometido al mismo un ataque al honor y la intimidad", especialmente cuando las imputaciones no acaban confirmadas por una sentencia, y que en "demasiadas ocasiones" se dilata el periodo de prisión provisional "más allá de cualquier periodo razonable".

PROPORCIONAL AL DELITO

Todo ello aconseja modernizar la regulacón del modelo procesal de tutela cautelar, pero de modo "extremadamente respetuoso" con los límites constitucionales, para lo que la prisión provisional debe ser una medida "excepcional, subordinada a las necesidades del procedimiento, limitada en el tiempo, sólo tolerable en caso de delito grave, subsidiaria" y sólo prorrogable para prever cuestiones como la posible fuga.

Para ello, propone que esta medida no se prolongue más de lo justificado, y no pueda aplicarse si el máximo de la pena prevista paa el delito imputado es de dos años, salvo en casos excecionales; también que se limite a los acusados que presenten un riesgo concreto de fuga, alteración de pruebas, o reincidencia, cuando el delito que se pretenda evitar sea de la misma naturaleza que el imputado.

Asimismo, resalta que la prisión incomunicada sólo es "constitucionalmente válida para fines muy concretos y bajo el control de legalidad qe ofrece el Poder Judicial", por lo que no puede extenderse más de cinco días, con una posible próroga extraordinaria de oros tres si el juez lo decide. También fija un plazo máximo de 15 días para resolver posibles recursos en estos casos.

Por último, amplía el derecho a indemnización para los casos en que se hayan impuesto medidas cautelares y finalmente se dicte resolución absolutoria, sobreseimiento libre o ausencia de responsabilidad civil por inexistencia del hecho que lo provovó.

PRESUNCION DE INOCENCIA

El PNV hace hincapié en su enmienda en que las medidas cautelares, al adoptarse anes de que un tribunal determine la culpabilidad, sacrifican el derecho fundamental a la presunción de inocencia, por lo que ha de lograrse que este "sacrificio sea siempre necesario para evitar la desaparición o minoración excesiva de la protección" que otorga la ley penal.

Esto significa que no deben tomarse estas medidas por fines "punitivos", para impulsar la investigación del delito ni para la instrucción del proceso, de modo que no suponga una especie de "anticipo" de lo que será la condena si eltribunal confirma el delito.

Recalca que para aplicar estas medidas no basta con la "apariencia de responsabilidad penal", sino que debe fundarse en el objetivo de "eludir los riesgos de actividad delictiva y de perturbación del orden público", cuestión que debe determinarse con "especial rigor" al deducir estos peligros. Además, la prisión debe acordarse sólo cuando ninguna otra medida prevista por la ley permita alcanzar los fines cautelares.

El texto del PNV insiste en el principio de "individalización" de la respuesta cautelar, y en el carácter extraordinario de la prisión provisional. En cuanto a la incomunicación, considera que es una medida "desproporcionada" en los casos de prisión cautelar, por lo que debe ser una decisión "aún más excepcional y más subsidiaria".

CARCEL, ¿IGUAL A SEGURIDAD?

El resto de los partidos, IU y los integrados en el Grupo Mixto, reclaman la devolución del proyecto al Gobierno, pero no presentan alternativa. Consideran que el texto del Ejecutivo no respeta a excepcionalidad y proporcionalidad que deben respetar estas medidas cautelares, y vulnera la presunción de inocencia.

Izquierda Unida denuncia el corte "regresivo" de las últimas reformas del Gobierno en materia penal, y dice de ésta en concreto que supone una modificación "parcial y sustancial" del Código Penal, basada en la "ecuación de que más cárcel supone más seguridad", precepto que es "falso".

"El proyecto contiene una serie de artículos o disposiciones que revelan claramente una perversón del sistema", porque prevé la prisión para delitos con escaso tiempo de condena, admite como causa de riesgo la comisión de otros posibles e indeterminados delitos, establece un "confuso sistema de valoración de antecedentes" y da un papel relevante a la intervención policial.

Por su parte, Eusko Alkartasuna considera que el Ejecutivo no establece la prisión provisonal como "última ratio", como debería, ni respeta "el derecho de defensa", no la prohibición de "tratos crueles y degradantes", por lo ue reclama una reforma que recoja "nítida y fielmente la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Iniciativa per Catalunya argumenta su rechazo a esta propuesta en que llega a convertir en "regla general" la excepción de estos supuestos de prisión provisional; mientras que la Chunta Aragonesista menciona los votos particulares de varios miembros del Consejo General del Poder Judicial, que considera suficientes para pedir la devolución del proyecto.