En el documento, las ONG piden a la Conferencia Intergubernamental que se respeten todos los derechos fundamentales y se estudien exhaustivamente las deficiencias de la III Parte del proyecto de Constitución europea, relativa a las políticas sobre inmigración, asilo, cooperación judicial en asuntos penales y vigilancia policial.

Las organizaciones firmantes aseguran que, sin una aclaración detallada algunas disposiciones de la nueva Constitución podrían dar lugar a abusos y corren el riesgo de rebajar los criterios existentes en derechos humanos.

"Pedimos a la Conferencia Intergubernamental que se replantee las áreas de preocupación específicas de la III Parte, relativas a la zona de libertad, seguridad y justicia de la UE", señala el escrito.

Junto a Amnistía Internacional firman el documento ILPA, Justice, Statewatch -las tres con sede en Londres-, la Organización Mundial contra la Tortur -con sede en Bruselas- y la sección finlandesa de la Comisión Internacional de Juristas.