La iniciativa, que cuenta con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), fue presentada en el Ateneo de Madrid y nace con la pretensión de que sea tenida en cuenta por los partidos que concurrirán a las elecciones generales que se verificarán el próximo 23 de julio.

Los promotores de la propuesta manifestaron la “preocupación compartida” sobre los riesgos que afrontan los niños y adolescentes en la Red, al “utilizar servicios diseñados para adultos, que “pueden afectar a su socialización” y “potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión”.

También alertaron de que los dispositivos móviles han llegado a ser una “puerta a contenidos pornográficos”, lo que abre la puerta a “una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz y exposición a contenidos inapropiados”.

A su vez, advirtieron sobre “la captación masiva de datos de los menores, con vistas a su perfilado para la venta a terceros con fines publicitarios”.

Las medidas propuestas por estas seis organizaciones, que atañen a varios niveles de la Administración Pública, abundan en “la necesidad de asumir el problema”, “formar a profesionales para afrontarlo” y “desarrollar la legislación vigente para que todos los actores implicados asuman su responsabilidad ante una población vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes”.

En concreto, los preceptos que habría de incluir el pacto de Estado son los siguientes: obligar a que los algoritmo y sistemas de tratamiento automático estén auditados por terceros independientes y autoridades de control, con relación a la protección de la privacidad, la inexistencia de sesgos discriminatorios o la manipulación; reforzar la capacidad de control de los organismos responsables de la aplicación de la ‘Digital Services Act’; establecer un marco de rendición de cuentas para los directivos responsables de las plataformas de intercambios de vídeos y distribuidores de contenidos que incumplan con el establecimiento de la obligación de verificación de edad; promover la regulación en las comunidades autónomas para limitar el uso de los móviles en los centros educativos, y para adecuar el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula a pautas por edades; poner en marcha en los sistemas de Atención Primaria recursos para detectar, prevenir y afrontar el consumo problemático de Internet, redes sociales y pornografía por parte de menores de edad; y fomentar la creación de escuelas de padres y madres para dotarles de herramientas que les permitan educar a sus hijos en un uso responsable de Internet y las redes sociales.

Esta iniciativa está abierta a adhesiones de empresas, entidades sociales y fundaciones en la página web ‘https://digitalforeurope.eu/pacto-menores-online’.