Los hechos que han dado lugar a la sentencia se remontan a junio de 1997, cuando Lorenzo López García acudió al despacho de la abogada Nuria Amezcua Nuño, con el fin de que constituyera la tutela de ua sobrina que había sido declarada judicialmente incapaz.

La letrada pidió a su cliente que le diese, en concepto de provisión de fondos, 755.200 pesetas, tras lo cual le comunicó que había comenzado con el papeleo. A partir de ese momento, la abogada se puso en contacto con el hijo de su cliente, Manuel López Ros, a quien dijo que el juez encargado del caso exigía que se pusiera a disposición judicial el dinero de la sobrina mencionada, lo cual era falso.

Con el fin de reforzar esta exigencia inentada, dice la sentencia, la letrada aseguró a su cliente que, según el juez, era irregular que padre, hijo y sobrina tuviesen una cuenta conjunta, lo que podía constituir un delito de apropiación indebida penado con cárcel. Además, señaló a Manuel López Ros que en caso de negarse podían incurrir en un delito de desacato.

De esta forma, la abogada ingresó un total de 8.200.000 pesetas, de los que 6.200.000 fueron transferidos a la cuenta de su novio, a quien se había referido ante sus clientes como s procurador. El resto del dinero, 2 millones de pesetas, fueron a parar a la libreta bancaria de la letrada.

Las cosas cambiaron cuando la abogada, un par de meses después, exigió a Manuel López Ros que vendiese las acciones de su prima porque el juez así lo había exigido. Extrañado por la evolución del asunto y tras consultar con presonas de su confianza relacionadas con el mundo jurídico, exigió a la letrada que le remitiera las resoluciones judiciales.

Con las mencionadas resoluciones en la mao, el cliente se personó en el juzgado, donde le informaron de que el juez que firmaba los supuestos documentos judiciales dejó el tribunal dos años antes y que el verdadero instructor del caso no había exigido cantidad de dinero alguna.

El Supremo condena a Nuria Amezcua a 6 años de prisión por dos delitos continuados, uno de estafa con la agravante de simulación de pleito y otro de falsedad en documento público, y la inhabilita por el tiempo que dure la condena. Asimismo, le impone una multa de 510.00 pesetas y le obliga a indemnizar a sus cliente 8.995.200 pesetas más intereses.