Esa recaudación supone un incremento del 5,5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, lo que pone de manifiesto elesfuerzo realizado por la Seguridad Social para combatir los impagados, según datos del Ministerio de Trabajo a los que tuvo acceso Servimedia.

Los ingresos logrados por esta vía ejecutiva parecen tender a aumentar conforme avanza el año, ya que en setiembre se situaron en 6.670 millones, lo que supone un incremento del 8,38 por cien.

La persecución de los morosos resulta especialmente necesaria para la Seguridad Social en un periodo de crisis, en el que la Administración no puede prescindir de ua sola peseta de ingresos para atender los gastos, principalmente en pensiones, tanto contributivas como asistenciales.

DETECTIVES

La Seguridad Social, además de potenciar con más personal sus unidades de recaudación ejecutiva, no ha dudado en recurrir a los servicios de detectives privados especializados en investigación comercial.

Para 1993, convocó un concurso que, como en los últimos ejercicios, ganó la empresa Iberinform Internacional, del grupo Crédito y Caución, por ofrecer "precios más aratos para iguales servicios", según fuentes del Ministerio de Trabajo.

El presupuesto asignado por la Administración para esta contratación es de 130 millones de pesetas, 30 millones más que los dedicados al mismo fin en 1992.

Los servicios prestados por estas agencias de investigación consiste en indagar en los registros públicos (el Mercantil y el de la Propiedad, principalmente) y en la Dirección General de Tráfico para localizar bienes embargables con los que la Seguridad Social pueda resarir sus deudas.

Para facilitar esta tarea, las URES cuentan, desde el 26 de octubre de 1991, con un Reglamento de Recaudación que establece el derecho de la Seguridad Social a embargar los bienes propiedad del infractor en una cuantía suficiente para garantizar el pago de la deuda, los recargos y las costas administrativas.

Otra prerrogativa otorgada a la Seguridad Social consiste en que las deudas contraidas con ella tienen la consideración de preferentes sobre otras del empresario y las entidade financieras están obligadas a informar sobre los bienes deudores y a realizar los correspondientes pagos, si son requeridas a ello.