Según informaron a Servimedia fuentes de este organismo, ese es el presupuesto base del concurso público convocado por la Seguridad Social para adjudicar este servicio, cuya resolución se hrá pública en las próximas semanas.

En los últimos años, la empresa ganadora del concurso fue Iberinform, del grupo Crédito y Caución, que en 1992 recibió 100 millones de pesetas por la tarea desarrollada.

Iberinform, al igual que otras empresas del sector, trabaja sobre todo con bancos y empresas que recurren a los servicios de estas agencias de investigación para conocer la solvencia de solicitantes de créditos o la capacidad de pago de eventuales compradores.

En cuanto a su colaboración cn las URES, el trabajo de las agencias de investigación consiste en localizar a los morosos y encontrar bienes que se les puedan embargar para que la Seguridad Social recupere las deudas.

Con ese fin, recurren tanto a los registros públicos (el Mercantil y el de la Propiedad, principalmente), a la Dirección General de Tráfico y a sus propios investigadores, para localizar a los morosos más recalcitrantes.

AUMENTO DE INGRESOS

Las URES aumentaron sustancialmente sus ingresos en 1992, como consecuncia del incremento de efectivos, hasta recaudar 69.615 millones de pesetas en los once primeros meses del año, un 21,28 por ciento más que en el mismo periodo de 1991.

Esos resultados se vieron favorecidos por el nuevo Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, promulgado el 26 de octubre de 1991, que amplió las facultades recaudadoras de este organismo.

El reglamento establece el derecho de la Seguridad Social embargar los bienes propiedad del infractor en una cuantía suficiente para garntizar el pago de la deuda, los recargos y las costas administrativas.

Además, estas deudas tienen la consideración de preferentes sobre otras del empresario y las entidades fiancieras están obligadas a informar sobre los bienes del deudor y a realizar los correspondientes pagos a requerimiento de la Seguridad Social.

El aumento de recaudación responde también a la entrada en funcionamiento durante 1992 de 22 nuevas unidades de recaudación ejecutiva, cuya implantación costó 1.000 millones de peseas, ampliamente recuperadas con el dinero ingresado en su primer año operativo.