Este es uno de los resultados del plan de lucha contra el fraude y la morosidad puesto en marcha por el departamento de Javier Arenas. Recientemente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social detectó a través del cruce de datos informáticos que los datos económicos que tenía de 129.000 perceptores de complementos d mínimos no coincidían con los de Hacienda.

La Seguridad Social remitió cartas a estos 129.000 pensionistas, que representan un 5% del total de los perceptores del complemento de mínimos, para que explicaran a qué obedecía esta diferencia y por qué sus rentas superaban presumiblemente el límite máximo que marca la ley para tener derecho a esta prestación.

Finalmente, como consecuencia de estas investigaciones la Seguridad Social ha eliminado el complemento de mínimos a más del 50% de esos 129.000pensionistas (más de 64.500 personas) y ha modificado a la baja el complemento a otro 30% (unos 38.700 pensionistas).

Según los datos facilitados a Servimedia por Trabajo, tan sólo al 20% de los perceptores del complemento de mínimos investigados (unos 25.800 pensionistas) se les ha mantenido este complemento al no superar sus rentas el límite máximo establecido.

Las fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas indicaron que la Seguridad Social ha reclamado a estos pensionistas que estaban cobrado indebidamente el complemento de mínimos un total de más de 20.000 millones de pesetas.

El límite de ingresos para tener derecho a la percepción de complementos de mínimos es actualmente de 805.900 pesetas anuales y de 940.090 pesetas cuando hay cónyuge a cargo, cantidades que estaban en un nivel algo inferior cuando se detectaron las irregularidades antes detalladas.

El coste global de este complemento para la Seguridad Social es de unos 628.000 millones de pesetas al año, que se financian funamentalmente a través de las cotizaciones de trabajadores y empresarios.

Además del fraude en los complementos de mínimos, Trabajo también está investigando la existencia de posibles irregularidades en pensionistas que reciben prestaciones familiares con hijo a cargo, en el cobro de pensiones no contributivas y en la incapacidad temporal.

El plan de lucha contra el fraude social y la morosidad en los pagos a la Seguridad Social, que puso en marcha el Gobierno en julio de 1996, ha permitido desde ntonces y hasta finales del pasado año un ahorro de más de 88.000 millones de pesetas. Este año, estas medidas, según las estimaciones de Trabajo, supondrán un ahorro cercano a los 182.000 millones de pesetas.