En un encuentro informativo con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Llamazares expresó su comprensión por lo que considera una posición difícil para el PSOE, consciente de que la lucha contra el terrorismo es un asunto delicad que el PP trata de "patrimonializar" ante la opinión pública.

Pese a comprender esta situación, Llamazares aseguró que la coalición que él dirige no hubiera aceptado nunca ceder a un "reclamo electoral" pasando sobre sus convicciones democráticas.

Explicó, en este punto, que el único argumento que ha recibido de los socialistas sobre este asunto ha sido que se trata de una "materia muy delicada en la que el PP lleva todas las de ganar", pero no explican por qué van a respaldar medidas a las que e negaron cuando se aprobó el Código Penal de 1995.

Existe además, desde su punto de vista, otro elemento sobre el que debería reflexionar el PSOE, y es la constatación de que el PP irrumpe siempre con este tipo de medidas cuando ve que existen vías abiertas de diálogo entre los distintos partidos de la oposición, en especial entre el PSOE y los nacionalistas.

Llamazares comenzó precisando que sus conversaciones han sido sobre todo con el PSOE porque el PP "le sale sarpullido" cuando se habla de onsenso. En su opinión, el reto fundamental de los populares en este momento es "volver a girar la vida política en torno al partidismo y la patrimonialización de la lucha antiterrorista" y dejar en segundo plano sus dificultades en otros muchos ámbitos.

En todo caso, y pese a reconocer que el PSOE puede haber limado algunas de esas aristas, se mostró convencido de que las medidas propuestas por el Gobierno siguen teniendo un "difícil encaje constitucional".

En primer lugar, considera que la reinerción se ha anulado casi por completo al aplazarla hasta el cumplimiento de 32 ó 35 años de prisión. Además, el hecho de que los nuevos requisitos de acceso a beneficios penitenciarios afecten a presos ya condenados es, en su opinión, un claro caso de retroactividad.

Finalmente, Llamazares cree que esta reforma consolida el concepto "absolutista" que el PP tiene del Estado, consagrando una primacía total al Ejecutivo y dando "muy poca confianza" al resto de poderes, desde el Parlamento, "al que se amrdaza en cuanto se puede", al Judicial, "al que se intenta cortar las alas".

Llamazares acusó además al Gobierno de haber "abortado" el Código Penal de 1995 antes de que puedan evaluarse sus efectos, y negó que en España haya una legislación "laxa" contra el terrorismo.

Insistió, por el contrario, en que el Código Penal de 1995 permite que los terroristas cumplan unas penas de 24 años de prisión de media, y los casos de excarcelación temprana que han provocado alarma social han sido "excepcionale".