Fuentes de Justicia informaron de que este departamento va a reestudiar este instrumento legal, puesto que entienden que se ha demostrado que en la práctica está resultando inútil y no se aplica.

No obstante, la intención de Justicia no eliminar del todo los arrestos de fin de semana ni sustituirlos directamente por la prisión preventiva, sino buscar soluciones específicas para cada uno de los casos.

Los arrestos de fin de semana fueron aprobados por el PSOE mediante la Ley Orgánica 10/1995, cundo era ministro de Justicia Juan Alberto Belloch, aunque la medida no entró oficialmente en vigor hasta mayo de 1996.

La idea de la normativa que aprobaron los socialistas era que los arrestos se cumpliesen en el centro penitenciaro más cercado al domicilio del arrestado o en el "depósito municipal" de detenidos, en caso de que no existiese prisión en el partido judicial donde residiese la persona condenada.

La Ley aprobada en 1995 establecía una serie de requisitos, como que el penado estuvieseen una celda individual y separado del resto de reclusos, así como que al ejecutar esta pena se buscase no perjudicar "las obligaciones laborales, formativas o familiares del condenado".

Esta modificación de los arrestos de fin de semana está siendo estudiada por el Ministerio de Justicia de manera paralela a los cambios de la Ley de Enjuciamiento Criminal y del Código Penal que ya ha anunciado para luchar mejor contra el terrorismo y la delincuencia.