El portavoz de JpD, Miguel Carmona, declaró a Serviedia que si el anteproyecto del Gobierno "excluye cualquier posibilidad de resocialización", incurriría en motivo de inconstitucionalidad.

Según Carmona, aunque el Tribunal Constitucional ha establecido que la resinserción es un derecho, pero no el único fin de la pena, sí iría en contra de la Carta Magna que se impidiese totalmente la reinserción del delincuente.

El representante de JpD hizo estas valoraciones en referencia al informe aprobado ayer por el Consejo General del Poder Judicial sobreel endurecimiento del sistema de penas. La institución dio el visto bueno al anteproyecto del Gobierno, pero con la oposición de los vocales designados a propuesta de PSOE e IU, que ven irretroactividad en los cambios y cuestionan cómo está contemplada la reinserción.

En este sentido, Carmona indicó que su asociación critica que aumente la pena para los terroristas hasta cuarenta años en virtud del escándalo que suscita la excarcelación de etarras que han cumplido pocos años de condena, ocultando que sto se produce porque estos reclusos fueron juzgados con el Código Penal anterior a la reforma de 1995.

Añadió que tampoco es razonable imponer cuarenta años de prisión a los terroristas -algo que, a su juicio, supone casi una "reclusión perpetua"-, cuando se hace la "reserva mental" de que si ETA deja de matar podrían producirse indultos de presos de la banda.