Los futuros etarras y los 500 condenados tendrán que demostrar "coperación activa con la democracia", esto es, repudio público de ETA y pago de la indemnización estipulada en sentencia. Además, sus víctimas opinarán sobre la concesión de tercer grado o libertad condicional. No e podrá otorgar el tercer grado a ningún terrorista recién ingresado en prisión, deberá cumplir, al menos, cuatro quintas partes de la condena.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Michavila confirmó que, aunque los 32 años para lograr tercer grado, y los 35 para la libertad condicional, no son aplicables a los ya condenados por asesinatos múltiples con el Código Penal de 1973 o el de 1995, sí van a serles exigidos los requisitos de conducta.

Cumplidos 35 años en prisión, un iforme de Instituciones Penitenciarias remitido al Juez central de vigilancia penitenciaria evaluará si el beneficiario cumplen los requisitos. La decisión de libertad condicional en esos cinco años finales (hasta 40 de pena) tendrá que ver con la "gravedad" de los hechos, para que no sea tratado igual un recluso con dos asesinatos que uno con ocho.

"Hay una larga relación de terroristas con penas superiores a 80 años que han cumplido 18, 16. ETA tiene que saber que, a partir de ahora, esos terroristascumplirán 40 años de cárcel", ha dicho Michavila. Se ha pronunciado en la misma línea que dos horas antes lo hizo otro de los negociadores, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, al afirmar "aquí hay un mensaje para ETA y para sus presos".

"Si la esperanza de los presos antes estaba en la negociación política, la única esperanza que tienen (ahora) es colaborar para que ETA desaparezca", dijo Bermúdez de Castro.

"NINGUNA DUDA" DE CONSTITUCIONALIDAD

La libertad condicional o el terce grado, que con la legislación vigente queda al albur de lo que el juez o la Junta de Tratamiento de cada penal interpretan por buena conducta, será ahora asunto tasado.

Preguntado el ministro de Justicia si es inconstitucional aplicar a presos ya condenados una norma que se va a aprobar en próximos meses, dijo que ni él ni el Consejo General del Poder Judicial tienen "ninguna duda" de que es legal exigir a un terrorista que quiera progresar en grado penitenciario los nuevos requisitos.

"Eso no e retroactividad, es eficacia inmediata de la ley, algo plenamente constitucional y de sentido común", insistió el ministro. "Supone evitar que haya excarcelaciones injustificadas de terroristas o lo que se llaman reinserciones o rehabilitaciones ingenuas de terroristas. Se trata de que nunca vuelva a ocurrir que un terrorista salga de la cárcel sin cumplir su condena para volver a ser un asesino".

El acuerdo PP-PSOE sobre endurecimiento de penas va a ser tratado en la Comisión de Seguimiento del PactoAntiterrorista la próxima semana, martes o miércoles, y luego irá al Parlamento.