La patronal Sedisi, que contará con la colaboración de la Business Software Alliance (BSA), organización internacional creada para velar por los intereses y la protección de los productos de 'software', considera que basta con contrastar las compras de rdenadores que hace el sector público con las de soportes informáticos para ver que no casan.

Hay material, explican, que sin 'software' no tendría utilidad, a no ser que se emplee con soportes copias ilegales, aunque creen que eso se produciría sin conocimiento de los propios responsables de organismos públicos.

No obstante, aseguran que buena parte de esos productos ilegales son segundas copias, "motivadas por exceso de celo de los propios funcionarios para asegurar la conservación del programa, porque "tenemos constancia de que prácticamente todo el 'software' que emplea la Administración central del Estado lo paga".

Para hacer frente al deterioro de ventas en el sector que origina esta actividad ilegal, unos 50.000 millones de pesetas al año sólo en España, Sedisi piensa aprovechar las reformas legales introducidas por el Gobierno, que equiparan los productos de desarrollo informático con los literarios, para entablar una campaña de lucha contra este fraude.

Esta iniciativa contemplacursos de formación para funcionarios de policía judicial y guardias civiles, ya que podrán realizar registros domiciliarios sin previo aviso con orden judicial, y también seminarios con la Administración para articular medidas desde el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que reduzcan el nivel de reproducción ilegal de 'software'.

Los empresarios de informática tienen clasificados los tipos de 'piratas informáticos' en cinco tipos. Los más "dañinos para el sector son los usuarios finles que compran el 'hardware' sin 'software', porque tienen ya la intención directa de emplear copias ilegales, y los centros de formación, que no dudan en emplear esos productos irregulares para sus cursos".

También destacan los sistemas de venta por correo de reproducciones no autorizadas, los vendedores que incentivan la compra de ordenadores con el regalo de estos productos, y las empresas que, sin pertenecer a una organización 'pirata', usan el 'software' ilegal de forma sistemática, obteniendo u producto a costes más bajos que la competencia.