Alvarez de Miranda subrayó que, con estas obras, la institución salda una deuda que tenía contraída con las personas con discapacidad y hace accesible su sede a quienes tienen dificultades de movilidad y de comunicación.

Añadió que era una contradicción el instar a las administraciones pblicas y a la sociedad española a suprimir las barreras arquitectónicas, mientras que las propias instalaciones del Defensor del Pueblo dificultaban el acceso a las personas con algún tipo de minusvalía.

"La Institución deja de ser inabordable a todos los ciudadanos en un sentido meramente metafórico -que lo ha sido siempre- para pasar a ser verdaderamente accesible, en el más estricto sentido físico de la palabra", recalcó.

Al acto asistió el presidente de la ONCE y Fundación ONCE, José María Aroyo, quien señaló que en una casa como la del Defensor del Pueblo, en la que se defienden los intereses de los ciudadanos, es bueno que se haya pensado en las personas con discapacidad, que necesiban un acceso fácil a esta institución.

Añadió que espera que este gesto de sensibilidad y de cumplimiento de eliminar las barreras que tenía el edificio, sirva como inicio de la remodelación de barreras mentales, "que es importante superar para conseguir una integración completa".

"Esto es una carrera d fondo y hay que hacer que las instituciones sientan la necesidad de que sus instalaciones estén al servicio de todos. Es importante trabajar para convencer", concluyó.

Las obras de mejora de los accesos a la institución han supuesto un coste de 18 millones de pesetas y han consistido en la sustitución de peldaños por rampas, la dotación de un servicio adaptado y un ascensor que permite acceder a cualquiera de las plantas.

Según dijo Alvarez de Miranda, se han realizado todas las mejoras posiblesteniendo en cuenta las dificultades que existían por las características estructurales del edificio.

También se ha instalado un teléfono para sordos por el que cualquier ciudadano podrá hacer todas las consultas que desee y recabar la información necesaria para formular, por escrito, las quejas que tenga contra las administraciones públicas.

La comunicación se realiza por texto y, en el caso de que la persona a la que va dirigida la llamada no tenga un terminal igual, se puede utilizar un centro e intermediación del IMSERSO, que traduce el texto en voz o la voz en texto a través de una operadora. El telefóno es el 91.432.79.75.