El atentado terrorista frustrado contra el funcionario de prisiones Juan José Baeza, en el mes de febrero de este año en Rentería, y la presión sindical fruto del largo cautiverio del que era víctima Ortega Lara desbordaron el acuerdo entre las partes en materia de seguridad.

Las constantes amenazas de ETA contra el colectivo de funcionarios de prisiones hiceron que el Ministerio del Interior accediera a suscribir a los funcionarios un seguro específico de accidentes "in itínere" con una cobertura de dos millones de pesetas, del que quedó exento el colectivo de Cataluña, cuyo gobierno autónomo tiene asumidas las competencias en materia penitenciaria.

Todos los sindicatos, a excepción de USO -que aspiraba a mayores ventajas-, suscribieron el acuerdo que aprobó, asimismo, pluses específicos de peligrosidad para los funcionarios y personal laboral destinado en las cárceles del País Vasco y Navarra.

El acuerdo, que ya es efectivo desde hace unas semanas, establece un plus salarial de 53.043 pesetas para los funcionarios y de 35.934 pesetas para el personal laboral de los centros de Martutene, Basauri y Pamplona, y de 45.238 para los funcionarios y 32.325 para el personal laboral del centro de Nanclares de Oca.

Los sindicatos lograron que los funcionarios de las cárceles del País Vasco y Navarra puedan disfrutar de 30 días de "descanso psicológico", ue se añaden a los 30 días naturales de vacaciones anuales.

No obstante, una de las principales reivindicaciones sindicales, la habilitación de una póliza de seguro colectivo de hasta 25 millones de pesetas a los funcionarios de prisiones que sean víctimas de atentados terroristas, quedó aparcada por la Administración.

TRANSPORTE

Por otra parte, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidió el pasado mes de febrero suspender el servicio público de autobuses que transportan a los uncionarios a sus respectivos centros de trabajo. La medida se adoptó a raíz del atentado con coche-bomba en Granada contra un convoy militar, que causó la muerte de una persona.

En este sentido, el colectivo de funcionarios deberá esperar a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 1998 para confirmar si el Ministerio del Interior incluye una partida económica que permita sufragar el gasto de combustible de aquellos funcionarios que emplean desde entonces sus vehículos particulares pra dirigirse al trabajo.

En una circular interna de Instituciones Penitenciarias, a la que tuvo acceso Servimedia, se informó de la suspensión del transporte colectivo, señalando que no se abonaría ningún plus a quienes se desplazaran por cuenta propia.

No obstante, la dirección general decidió habilitar desde entonces, de acuerdo con las necesidades de cada centro penitenciario, autobuses de pequeña capacidad y furgonetas, así como taxis en algunos casos, cuyo gasto sí corre a cuenta del presupusto que existía para pagar a las compañías de transporte colectivo.

ATENTADOS

Dos funcionarios de prisiones han sido objetivo de las acciones terroristas de ETA durante los primeros seis meses de este año, además del secuestro del que ha sido objeto Ortega Lara. El 16 de abril, dos encapuchados dispararon contra el funcionario Juan José Baeza, en Rentería.

Baeza, funcionario de Martutene, sospechó de su atacantes y, a pesar de que resultó gravemente herido, logró zafarse de un disparo mortal. Tas el ataque, el propio funcionario se dirigió a su casa para dar la voz de alarma.

Tras su recuperación, Baeza solicitó ser trasladado y ahora trabaja en otro departamento del Ministerio del Interior, según confirmaron a Servimedia fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Posteriormente, el día 3 de junio, un funcionario del centro penitenciario de Granada advirtió la existencia de un paquete extraño que fue colocado bajo el asiento del conductor de su vehículo. Tras denunciar el hecho a la poliía, los artificieros desactivaron lo desactivaron.

El funcionario de prisiones de Granada nunca estuvo destinado en cárceles del País Vasco y siempre desarrolló su trabajo en Andalucía. Además, extrañó el suceso porque el centro penitenciario de Granada no aloja a ningún preso etarra desde finales de 1992.